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Protocolo de protestas: Bullrich volvió recargada

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó “un protocolo para el mantenimiento del orden público”, que busca reprimir las manifestaciones sociales con las cuatro fuerzas federales.

Lo que no hizo durante su primer mandato al frente de la cartera de Seguridad con Mauricio Macri, lo hace ahora con Javier Milei. Pato lo toma como una suerte de revancha, un desquite que terminará confrontando con las -pareciera- inevitables protestas sociales que decantarán  del brutal ajuste que está comenzando a imponer el gobierno libertario.

Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa.

En esa línea, volvió a enviar un mensaje con tono amenazante para quienes no se encuentren alineados con la idea general de la gestión mileísta: “Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”.

Amenazan a la marcha del 20

“Tienen toda la posibilidad de hacer la marcha del 20 de diciembre, la tienen que hacer por la vereda. Las fuerzas federales van a estar en los lugares federales, y la Ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir el protocolo, como lo dijo (el ministro de Seguridad porteño) Waldo Wolf, que van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas”, manifestó en referencia al aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Si tenés planes, te los sacamos

En cuanto a los planes sociales, Bullrich aseguró que “el que corta y tiene un plan no cobra”.

“Habilitaron la violencia contra manifestantes”

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad busca “impedir con represión la protesta social” y alertó que se “criminaliza a quienes se manifiestan” y se persigue a las organizaciones porque “cortar las calles no es delito”.

“Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, destacó el CELS, y consideró que las medidas “atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política”.

Además, “pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”, añadió la organización mediante un comunicado.

En ese sentido puso el foco en lo riesgoso de enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales: “Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles«, recordó. Y advirtió que «ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”.

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