Trabajadores de Prensa reclamaron ante la OIT por la derogación del Estatuto

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que agrupa a los sindicatos del sector de todo el país, presentó un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la derogación del Estatuto del Periodista impuesta en la ley de reducción de derechos laborales (“reforma laboral”) aprobada por el gobierno y sus aliados.

La presentación fue hecha durante la Conferencia Internacional del Trabajo, que es la reunión anual de la OIT, una institución internacional que integran gobiernos, sindicatos y empleadores de 187 países.

La derogación del Estatuto, que está dispuesta en la ley a partir del 1 de enero de 2027, “constituye un acto de hostigamiento institucional y desmentalamiento de las garantías mínimas de protección laboral de quienes ejercen el periodismo”, expresó el texto presentado por la Federación.

DERECHOS ESENCIALES AFECTADOS

El Estatuto del Periodista, contenido en la Ley 12.908, que data de 1946, establece una serie de derechos esenciales para asegurar el desempeño libre de las y los periodistas, como las 36 horas semanales de trabajo, la remuneración por las horas extraordinarias y parámetros de indemnización diseñados para evitar que sean objeto de despido como represalia por los contenidos publicados.

Asimismo, promueve el derecho a acceder a las fuentes informativas y estipula condiciones específicas para la figura del “colaborador”, entre otras previsiones.

La eliminación del Estatuto del Periodista y del Estatudo del Personal Administrativo “deja un vacío normativo en la materia que no se completa ni es reemplazado por ninguna otra norma de similar alcance y genera un estado de incertidumbre, en materias críticas como estabilidad y jornada de trabajo, que afecta al conjunto de los trabajadores de prensa”, agregó la presentación de FATPREN a la OIT.

El texto, firmado por la secretaria general de la Federación, Carla Gaudensi, advirtió que “desde el día en que fue promulgada la ley se han descargado sus efectos negativos sobre los trabajadores de la actividad”, lo que causa “un daño real en el interés colectivo, en atención a la negativa a negociar colectivamente por parte de las empresas periodísticas con motivo de la inminente derogación”.

AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Asimismo, desarticula a la profesión, al afectar su proyección, “con el consecuente impacto negativo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información”, y vuelve aún más negativas las perspectivas de empleo, “por el impacto de la eliminación de la protección frente al despido arbitrario”, que busca impedir la indemnización especial prevista en el Estatuto.

La Federación Internacional de Periodistas se pronunció a favor de la vigencia del Estatuto durante el congreso mundial realizado en París en abril.

La FATPREN y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires promueven un proyecto de actualización de los estatutos del Periodista Profesional y del Personal Administrativo, para lo cual tienen en curso gestiones ante el Congreso de la Nación.

La Secretaria General de la FATPREN, Carla Gaudensi, junto al asesor legal Guillermo Gianibelli, el co Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, y la abogada de la central Marta Pujadas, fueron recibidos por Horacio Guido, Jefe del Servicio de Aplicación de Normas de la OIT, ante quien expusieron las circunstancias relativas a la queja presentada.

En la denuncia se expone que el gobierno nacional impulsó y logró poner fecha para la derogación de los Estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo. «Constituye un acto de hostigamiento institucional y desmantelamiento de las garantías mínimas de protección laboral de quienes ejercen el periodismo», precisó la reclamación, que fue realizada en el marco del artículo 24 de la Constitución de la OIT.

«Con la eliminación de estos dos cuerpos normativos (previstos para fin de año) que cuentan con más de 80 años de vigencia tutelando el trabajo en la actividad periodística y la libertad de expresión, la ley 27.802 (de Reforma Laboral) deja un vacío normativo en la materia que no se completa ni es reemplazado por ninguna otra norma de similar alcance y genera un estado de incertidumbre -en materias críticas como estabilidad y jornada de trabajo- que afecta al conjunto de los trabajadores de prensa», se señaló en la presentación que lleva la firma de la Secretaria General de la FATPREN, Carla Gaudensi.

La presentación agrega que «desde el día en que fue promulgada la ley, se han descargado sus efectos negativos sobre los trabajadores de la actividad, produciendo un daño real en el interés colectivo, en atención a: la negativa a negociar colectivamente por parte de las empresas periodísticas con motivo en la inminente derogación; la desarticulación de la profesión, en términos de proyección de la misma, con el consecuente impacto negativo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información; y la afectación al empleo por el impacto de la eliminación de la protección frente al despido arbitrario que representa la indemnización agravada».