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EL PARTIDO JUDICIAL MACRISTA HOSTIGA A LOS MOVIMIENTOS POPULARES

Allanan domicilios en Buenos Aires al mismo momento que jueces cambiemitas avanzan sobre Jujuy.

Desde la UTEP denunciamos que hoy se han producido más de 12 allanamientos en viviendas de dirigentes y compañeros de la CCC.

Los allanamientos fueron ordenados por la jueza Alicia Vence del Juzgado Federal 2 de San Martín, por una causa armada en 2019 durante el gobierno de Macri.
«Queda en evidencia el uso político de la Justicia, ya que una de las dirigentas que sufrió el allanamiento fue Julia Rosales, víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017, gravísimo hecho nunca esclarecido y nunca investigado a fondo por la justicia en dicho gobierno» advierten desde la UTEP.
«Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a los movimientos sociales en distintas provincias del país» agregan en su comunicado por las redes sociales.
«Con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social y estuvimos en la primera línea de lucha contra la pandemia, seguiremos peleando en unidad por Tierra, Techo y Trabajo» concluyeron desde UTEP en apoyo con la dirigencia afectada por estas medidas judiciales.
LOS TRABAJADORES EN ALERTA

«La CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, rechaza enérgicamente la persecución judicial contra la compañera Julia Rosales y otros dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que por disposición del juzgado Federal 2, de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence fueron víctimas de un violento e intempestivo allanamiento en sus respectivos domicilios y de un comedor comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» expresaron en un mensaje difundido mediante la web oficial de la organización sindical.

Explicaron además que «La orden judicial se basa en una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada en forma arbitraria por ese juzgado para perseguir a militantes del campo nacional, popular y social.

El uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue “cajoneado” por la justicia macrista» destacaron desde CTA.

«Desde la CTA de los Trabajadores consideramos que se trata de un viejo revanchismo de clase contra quiénes con valor y coraje buscan hacer valer los derechos de tantas y tantos compañeros postergados, desocupados y precarizados que viven en la indigencia.

Por tal motivo exigimos el cese inmediato de esta persecución y de toda y cualquiera maniobra intimidatoria contra está y cualquier otra organización popular» finaliza el comunicado gremial.

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