Stgo del Estero: Sargento Policía Federal procesado por abuso sexual

La causa a cargo del fiscal federal Simón, contó con el trabajo de la Coordinadora del Área de Trata de Personas, Andrea Ledesma Piga y Luciana Cano quienes llevaron adelante la instrucción.

En el expediente, se recibieron más de 20 testimonios que dieron cuenta de los hechos de violencia sexual denunciados por la víctima. A raíz de ello, el fiscal solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

El 10 de mayo de 2021, una agente de la Policía Federal Argentina se presentó en la sede del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero y relató haber sufrido episodios de violencia y abuso sexual en su lugar de trabajo. Con asistencia y contención brindada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, contó que los hechos ocurrieron en enero y marzo de 2021, en la guardia interna de la Unidad Operativa de la Delegación provincial de la Policía Federal Argentina.

La víctima relató que comenzó a observar ciertas actitudes por parte del sargento que la incomodaban, comentarios inadecuados sobre su persona y acerca de su cuerpo, acompañados de gestos lascivos. A los comentarios se sumaron tocamientos en el interior de la dependencia, que generalmente tenían lugar en el horario de la siesta. Sostuvo que cuando ingresaba a la oficina de la guardia, desde la cocina, el imputado estaba sentado próximo a la puerta y aprovechaba el momento en que ella pasaba para deslizar sus manos por sus piernas, lo que hacía con cautela para que sus compañeros no lo observaran. El último episodio de este tipo ocurrió en el interior de un vehículo policial.

Para el MPF, los hechos habrían sucedido en el marco de un contexto generalizado de «inconductas hacia el personal femenino –siempre de rango inferior al del imputado-«. La fiscalía señaló en su dictamen que los relatos, tanto en sede judicial como administrativa, fueron constatados con lo denunciado y solicitó que la prueba sea analizada «cuidadosamente y con perspectiva de género».

“Lo sucedido a la víctima no es una cuestión de ‘bromas’ o ‘trato común entre colegas’ o ‘entre amigos’ como quiso hacer creer la defensa, sino que se trataron de hechos específicos de violencia y abuso en un contexto laboral, y por ello resulta necesario dejar de naturalizar este tipo de conductas, más cuando las realiza un comisario de la fuerza de seguridad», remarcó. El fiscal sostuvo que la denunciante no es la única mujer en la fuerza que indicó estos comportamientos por parte del imputado aunque si fue la única que «se animó a denunciarlo a pesar del temor y las represalias en su contra».

“Debemos recordar que en autos se investigan hechos encuadradas con violencia de género y pesa sobre el Estado –y en este caso la Justicia- actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres», puntualizó el Ministerio Público Fiscal.

En el dictamen, se hizo foco en las obligaciones internacionales en materia de género que nacen de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Consideró entonces que, en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales “imponen al Estado una responsabilidad reforzada” y que por ello resultaba importante que se tengan en cuenta estos parámetros en todas las etapas del proceso.