Escribe Alejandro C. Tarruella
Patricia y Melconian
Debido a su desconocimiento público en economía Patricia Bullrich decidió incorporar como vocero de su armada brancaleone, con vistas a las elecciones de octubre, al financista experto en usura y otras yerbas, Carlos Melconian. El tipo fue candidato a ministro con Menem y su principal aporte en aquellos años estuvo dado por ser uno de los responsables de legalizar la estatización de la deuda externa privada, que realizó Domingo Cavallo cuando era presidente del Banco Central de la dictadura cívico militar hacia 1980.
Todo comenzó cuando el ministro de Economía de la dictadura era Lorenzo Sigaut, hacia junio de 1981, el “mercado” hacía reventar el dólar y los militares disponían el subsidio de empresas que recibían un tipo de cambio congelado para el pago de las deudas (reales o ficticias) contraídas con acreedores extranjeros con destino de fuga. Solo se exigía un plazo más amplio. Así fue que en julio de 1982, con la derrota de Malvinas, Cavallo, titular del Central, “mejoró” el modelo de seguro de cambio. Por medio del Tesoro, el gobierno tomó a su cargo la deuda dolarizada ante a los acreedores, y dispuso que las empresas depositaran en pesos luego de una feroz devaluación.
Así, las empresas pagaban su deuda pesificada “1 a 1” al Estado, que asumía el compromiso de pagar en dólar libre a sus acreedores externos. Melconian, según documentación que se conoció a principios de este siglo, en el cargo de jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, encaró la tarea de archivar las investigaciones sobre fraudes de multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio. Los auditores del Central detectarían operaciones ilegales de autopréstamos, créditos ficticios más maniobras dolosas por un monto de 6.000 millones de dólares. La labor de Cavallo, “el jefe de los ladrones”, consistió en registrar esas acciones y legalizarlas para sumarlas a la deuda pública argentina amparado en esbirros como Melconian.
Con Alfonsín en el gobierno, Enrique García Vázquez, primer presidente del Banco Central en la etapa, promulgó una disposición que establecía que las empresas con deudas en el exterior declararan ante la entidad el tipo de préstamo, en particular el monto del mismo, el modo de pago y las garantías acordadas, más la data del acreedor. En cierto modo, era una legalización sin cuestionamiento de las maniobras realizadas.
Al acabar su labor, los inspectores observaron parcialmente los números de registros de 8000 deudores privados, que alegremente declaraban pasivos en divisas. Establecieron también que prácticamente una totalidad de las más importantes empresas del país, sean multinacionales del tipo de Esso, IBM, Cargill, Renault, Ford, Kodak, City Bank, y otras del país, tal el caso de las locales Macri, Bridas, Aluar, bancos de toda laya o Pérez Companc, se beneficiaban con maniobras ilegales amparadas en la acción de Cavallo en representación del Estado argentino.
Los garcas en acción
El manejo corporativo con la complicidad oficial era de tal envergadura, que los bancos no contestaban requerimientos acerca de créditos otorgados para esa fabulosa fuga de divisas. A la derrota en la guerra, el régimen le añadía la entrega de los bienes del país. En esa operación participó de modo activo y directo Carlos Melconían. Había autopréstamos de sumas superlativas de Socma y Sideco, del Grupo Macri, Ford, Cargill, Grupo Bulgheroni y muchos más. Un caso descomunal fue el del grupo Gotelli que, en operaciones de 50 empresas, acumuló créditos por 200 millones de dólares y sostuvo operaciones financieras que se realizaban con la garantía del Estado.
Los inspectores informaban los casos a Carlos Melconian, Jefe de Departamento de Deuda Externa, y el funcionario desacreditaba su validez demostrada, y antes que profundizar las investigaciones, se esforzaba por rebatirlas para consolidar las maniobras ilegales. Como se sabe, esos trámites en el campo estatal se pagan con comisiones jamás investigadas. No son actos gratuitos. Para cerrar los casos, Melconian informó al directorio del Banco Central mediante un método sencillo: lo que no se señalaba ilegal (por él y Cavallo) era legal sin intervención de la justicia. Es decir, que el Banco Central actuaba como auxiliar de la justicia de las corporaciones desde el Estado nacional.
El cierre de causas se produjo el 4 de diciembre de 1996, cuando se firmó un documento que establecía el final de la investigación y se pidió legalizar la entrega de los bienes del país con un registro de las operaciones, que se legalizaron a través de una fabulosa fuga de divisas. Todo acabó. Así, lo que comenzó a investigarse en el gobierno de la dictadura, resultaba legal bajo el comando de Carlos Menem. “No es de nuestro conocimiento que existan normas que impidan la constitución de garantías sobre préstamos externos en base a activos financieros”, estableció entonces Melconian, debido a que “esta modalidad no es práctica del mercado por el hecho de presumir que no conviene financieramente”. Señalaba además en el informe que “Todo préstamo entre una empresa de capital extranjero y la sociedad del exterior que la controla … debe considerarse como celebrado entre partes independientes”. Por lo tanto, en la trampa de sus palabras, el pagador –el pueblo argentino- debía garantizar la independencia de la maniobra y sus actores corporativos, que iban a afectar la economía del país.
Fue por eso, Melconian cuestionó a los auditores el señalar que por diferentes situaciones, “el deudor inspeccionado aprovechó las ventajas de los seguros de cambio para licuar su pasivo” y rebatía sus argumentos, señalando que “El cuerpo de inspectores olvida que el régimen fue puesto en vigencia fundamentado en pautas de política económica dictadas por las autoridades, procurando atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales que mantenían obligaciones en moneda extranjera, las devaluaciones dispuestas para la moneda argentina”. Así culpaba al Estado frente a la presunta inocencia empresaria beneficiada con la tropelía histórica. Sería José Luis Machinea, titular del Banco Central, quien cerró con el FMI la entrega que amparaba al establishment en una operación que tomaba al país como una semi colonia sometida y entregada. Allí jugaba un papel central el ahora vocero de Bullrich.
En 2016, el propio Carlos Melconian admitía, como presidente del Banco Nación de Mauricio Macri, haber demandado al Estado por tenencias de bonos en default. Reconocía haber hecho juicio al Estado por sus tenencias de bonos en default ante el juez neoyorquino Thomas Griesa. Se sumaba el financista, experto en usura, a un juicio que llevaron adelante los fondos buitre y acreedores, por bonos soberanos del país caídos en default en 2001. En 2016, Macri pagó con divisas del país 9.300 millones de dólares a esos usureros internacionales.
Según un documento judicial del 6 de febrero de 2009, Melconian estuvo en la demanda contra los argentinos y reveló el dato que ocultaba el ahora colaborador de Bullrich. El mismo estaba refrendado por el propio Griesa, responsable del fallo a favor de los buitres, y establecía que Melconian era feliz poseedor de títulos públicos por una suma que superaba los 770 mil dólares adquiridos antes de que estallara la convertibilidad. Esos fondos estaban depositados en el exterior según la causa judicial 10.656, referida al susodicho, presentada por los bonistas Michael Heeb, Roberto Claudio Pitronaci, Alberto Guillermo Hillcoat, Elena Graciela Martínez, Enrique Sebastián Palacio Minetti. Intervino en la misma Marc Dreier, abogado norteamericano que ganó un juicio al país por el default de 2001.
En 2013, Melconian afirmaba que “los fondos buitre son tipos que de buena voluntad compraron títulos para ahorrar”, y desacreditaba una vez más a la Argentina porque “tuvo históricamente una actitud garca con los acreedores”. Uno de ellos, era él mismo. Luego, en declaraciones a medios del 22 de junio de 2016, dijo que “Al momento del default tenía títulos de la deuda pública e inicié gestiones judiciales en los juzgados correspondientes. Terminé obteniendo sentencia favorable en la Corte Federal de Nueva York”.
Como cada argentino
Por esos días, se revelaba que Melconian contaba con un patrimonio declarado de 77,6 millones pesos de la época. También se conoció que el 85 por ciento de esos bienes estaba fuera del país. Dijo entonces, ya incursionando en la filosofía: “Como todos los argentinos, tengo dinero guardado en el exterior”. Faltaba agregar que, según su reflexión, cada argentino podría tener en el exterior una suma semejante a la declarada por el financista especializado en usura. Un absurdo y una mentira que deja ver el carácter del personaje. En noviembre de 2018, la explosión de un gasoducto en el oeste de La Pampa permitió descubrir que otra vez Domingo Felipe Cavallo y Carlos Melconian aparecían como responsables de la estatización de la deuda de empresas privadas en la dictadura. Al parecer, la mayor deuda correspondía al consorcio argentino-holandés que construyó el gasoducto Centro-Oeste, Cogasco. La obra atraviesa de sur a norte el territorio pampeano a la vera de la ruta nacional 151. Cogasco gestionó en el exterior 918 millones de dólares pero ingresaron al país nada más que una suma cercana a los 200 millones. Melconian-Cavallo trasladaron al Estado argentino el total de la deuda.
Alejando Olmos, quien inició la causa judicial no resuelta por la justicia en 1982, expuso que: “Esta empresa (Cogasco) fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste (Mendoza-Neuquén) estando controlada por la empresa NACAP de Holanda. Se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del AMRO Bank (Holandés), de los cuales ingresaron 292 millones, siendo depositado el resto en el exterior”. El no ingreso al país de esos fondos, sostuvo Olmos, llevó a “que la empresa utilizara los fondos, no para sus fines específicos, sino para operaciones de pase y especulación con divisas, obteniendo importantes diferencias de cambios”. Ahora Melconian se presenta pidiendo “sentido común pragmático”.
De la investigación de Olmos se desprende una lista de las mayores empresas beneficiadas hacia el fin de la guerra de Malvinas por el dúo Cavallo-Melconian: Cogasco (AMRO Bank, de Holanda): U$S 1.348.000.000; Autopistas Urbanas S.A.: U$S 951.000.000; Celulosa Argentina S.A.: U$S 836.000.000; Acindar (ligada a Martínez de Hoz): U$S 649.000.000; Banco Río (Pérez Companc): U$S 520.000.000; Techint (Rocca): U$S 278.000.000; Bridas (Bulgheroni): U$S 238.000.000; Citibank: U$S 213.000.000; Compañía Naviera (Pérez Companc): U$S 210.000.000; Papel de Tucumán (Bulgheroni): U$S 176.000.000; Aluar (Familia Madanes): U$S 162.000.000; Sevel (Macri): U$S 124.000.000 -Sideco Americana (Macri): U$S 60.000.000; Ford: U$S 80.000.000; Loma Negra (Fortabat): U$S 61.000.000; Chase Manhattan Bank (Rockefeller): U$S 60.000.000; Esso (Rockefeller): U$S 54.000.000; Fiat (Macri): U$S 51.000.000; y Socma (Macri): U$S 27.000.000.
(*) Se puede consultar el trabajo de Alejandro Olmos sobre la deuda externa en https://resistir.info/livros/a_olmos_deuda_externa.pdf
