La denuncia completa de Nisman: Puro humo
El Centro de Información Judicial (CIJ) hizo pública la investigación de 290 páginas del fiscal Alberto Nisman, en la que acusó a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman y otros dirigentes políticos por un presunto plan para beneficiar a ciudadanos iraníes involucrados en la causa AMIA.
No hay en todo el escrito ninguna prueba que incrimine a la presidenta, Cristina Fernández, en el delito que se le imputa ni existen desgrabaciones de conversaciones en las que participe la mandataria.
Nisman sostuvo en su denuncia que a cambio de reactivar el comercio bilateral, la presidenta, Cristina Kirchner, y otros funcionarios se comprometían a hacer caer las alertas rojas (pedidos de captura) emitidas por Interpol sobre 5 ciudadanos iraníes y un libanés sospechados de participar en el atentado contra la mutual judía en 1994, cosa que fue desmentida por Ronald Noble, secretario general de Interpol entre 2000 y 2014.
En la hoja 2 de la denuncia completa que se dio a conocer y que el fallecido fiscal Nisman debía defender el lunes en el Congreso, se nombra «‘Allan, que ha desempeñado un rol relevante en los hechos, que responde a la Secretaría de Ingeligencia de la Presidencia de la Nación y según lo sugieren los indicios obtenidos, se trataría del Sr. Ramón Allan Héctor Bogado».
No es cierto, según le informó el secretario de Inteligencia Oscar Parrilli al juez Ariel Lijo en un escrito. Allí, Parrilli señaló que Ramón Allan Héctor Bogado y el ex juez Héctor Yrimia, mencionados por Nisman, «no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio».
De esta manera, la Secretaría de Inteligencia respondió al requerimiento del magistrado federal porteño vinculado con una denuncia formulada por Nisman.
El fiscal sostiene que el plan criminal tenía por objeto dar de baja las alertas rojas de Interpol, algo que no sólo no se produjo, sino que fue desmentido por el ex titular de la entidad Ronald Noble. Interpol sólo podría dar ese paso luego de una orden del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
Los dos supuestos agentes de inteligencia que hacen la columna vertebral de la denuncia del fiscal (Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia) no forman parte de la Secretaría de Inteligencia.
Uno de los sustentos centrales de la denuncia es la declaración del fallecido periodista José Eliaschev, quien declaró haber visto un documento interno del gobierno iraní que extrañamente no estaba escrito en farsi, sino en inglés.
La construcción argumental del fiscal se sustenta tanto en la interpretación de los diálogos que protagonizaron Luis D’Elía y Fernando Esteche con el dirigente comunitario Jorge «Yussuf» Khalil como en artículos periodísticos.
En esa línea, el fiscal sostiene que el plan criminal está probado entre otras cosas a partir de una escucha en la que Khalil sostiene que el Memorándum firmado con Irán es una copia de un documento redactado por el líder de Quebracho, Fernando Esteche, varios años antes.
Nisman asume que existe un acuerdo secreto para exculpar a los imputados iraníes (que nunca se conoció) y afirma que el objetivo final es incrementar el intercambio comercial (Argentina compraría petróleo y vendería granos), algo que nunca se concretó.
El fiscal acusa a la presidenta y a Timerman de conformar un plan criminal para entorpecer la investigación pero luego da cuenta de escuchas en las que los presuntos influyentes se lamentan porque debido al propio accionar del canciller no cayeron las alertas rojas de Interpol.
Nisman asevera que el «pacto encubridor» incluía también la construcción de evidencias para señalar a nuevos sospechosos del atentado a la AMIA identificada como «una conexión de fachos locales». Según las denuncias, esas conversaciones comenzaron en 2012, pero hasta ahora no se incorporó a la investigación ninguna pista adicional a la que impulsa el propio fiscal.
