El ministro de Economía, Axel Kicillof, defendió ante un plenario de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para que las acciones que el Estado tiene en empresas sólo puedan ser vendidas con la autorización de una mayoría parlamentaria.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, comenzará a ser discutida en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, que pasaron a un cuarto intermedio hasta este martes a las 11, previo al debate sobre el Presupuesto 2016.
El ministro, que estuvo acompañado por el titular de la ANSES, Diego Bossio, volvió a advertir que «la venta de una sola de las acciones de empresas privadas que el Estado posee a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es un acto de privatización».
Sobre la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), dijo que existen cuerpos de este tipo en otros países «que regulan sobre la participación del Estado en empresas privadas».
Kicillof puntualizó que «las tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías”, y que «los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo pagado por el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía seguirán siendo donados».
La iniciativa enviada hace un mes por el Poder Ejecutivo al Parlamento declara de interés público la protección de las acciones de empresas que el Estado tiene en su poder y que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
En una extensa exposición, Kicillof explicó que la ley busca “generar un anticuerpo a la intención de privatizar las acciones de todos los argentinos”, ya que la decisión de venderlas dependerá del voto de dos tercios del Congreso.
Junto al director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, el titular de la cartera económica precisó que en la actualidad el Estado participa de 27 directorios de empresas del sector industrial, energético, financiero y eléctrico, y recordó que la adquisición de esas acciones “se hizo en nombre de los jubilados activos y futuros sin consulta”.
Mediante la ley se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
De todos modos, aclaró que “no son participaciones despreciables” las que incluye la ley, ya que “a veces el Estado termina como el segundo grupo accionista en estas empresas” y “las compañías con presencia estatal han tenido mejor rentabilidad”.
La Anpee tendrá a su cargo ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
Al igual que en el Senado, Kicillof sostuvo que “la venta o enajenación de estas acciones con sus derechos económicos y políticos, aún sean minoritarias, significa lisa y llanamente una privatización”.
Por eso, indicó que “para privatizar estas empresas hay que reunir consenso en el Parlamento, y esto no se puede hacer irresponsablemente, como si fuera simplemente una decisión de cartera”.
La iniciativa crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) y fue aprobada en el Senado con 39 votos a favor y 22 en contra.
No es que se prohíbe vender, el tema es que no se malvendan. En el caso de Clarín, se compró caro y no se puede correr el riesgo de que alguien venga y venda baratas esas acciones y las liquide.
La agencia se integrará con un directorio conformado por un presidente –que será el propio director ejecutivo de ANSES-, dos directores designados por el Poder Ejecutivo y dos propuestos por una nueva comisión bicameral -uno por la primera minoría y otro por la segunda-.
Dicha bicameral, que tendrá el fin de hacer un control y seguimiento de la ANPEE, estará compuesta por ocho diputados y ocho senadores, quienes podrán remover a sus directores si cometen algún ilícito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La futura ley crea además un Consejo Consultivo, que entre otras cosas deberá convocar anualmente a los integrantes del Directorio de la ANPEE para recibir un informe pormenorizado del estado accionario.
Este Consejo estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, uno de la ANSES y también uno de la CGT.
