JUJUY EXPRESA EN LAS CALLES EL RECHAZO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Se manifestaron en contra las organizaciones populares por la prohibición a movilizarse y manifestar

Gerardo Morales enfrenta otra vez, la expresión popular en contra de sus intereses políticos
La Convención reformista se realiza en la provincia norteña que aun dirige Gerardo Morales, no obstante, la ciudadanía ha expresado de modo multitudinario su repudio a los retoques que el radicalismo macrista quiere lograr en la Carta magna jujeña.
Marcharon en la ciudad de San Salvador y residentes norteños en Buenos Aires, hicieron lo propio, en las inmediaciones de la Casa de Jujuy en ese lugar.
Participaron organizaciones como la UTEP, MTR, Polo Obrero, PTS, FIT, CCC, MTL, MST, Partido Obrero, FOL, Docentes AUTOCONVOCADOS, SEOM, Cedems y UATRE Ledesma, sólo por mencionar algunas.
Las columnas manifestantes que se movilizaban por la capital jujeña entonaban el cántico que advierte al Gobierno que no están previstas las mejoras horas venideras. «Con los derechos no te metas, si hay reforma qué quilombo se va a armar»es el cántico que se repetían por las adyacencias de la Legislatura jujeña.
Cabe destacar que la semana próxima, la Convención Constituyente, tratará la prohibición de la protesta social y manifestaciones. Como sucedió en Salta con la aprobación de la que denominan Ley Antipiquetes, una normativa reglamentaria que atenta contra el artículo 14 de la Carta Magna Nacional y los derechos civiles, garantías ya otorgados, además de las Leyes con rango constitucional, reconocidas por el Estado argentino, en materia de estos derechos. Las provincias del Litio, pretenden generar un precedente en el procedimiento jurídico como si fueran ESTADO CONFEDERADOS y en contra de la NACIÓN ARGENTINA.
Comisión constituyente jujeña
Por su parte, los y las convencionales del oficialismo, participan de las comisiones sin otorgarle mayor interés a las manifestaciones sociales. » Hoy se realizó una de las reuniones más trascendentales de la Comisión de Sistema Económico, Financiero y Órganos de Contralor, ya que en la reunión estuvieron un especialista y ex funcionario del ministerio del Interior, Paulino Caballero; Patricia Farat y Juan Brajsich, así como Norberto Ayala, docente de la Facultad de Ciencias Económicas» comunican desde el Gobierno.
Caballero, estuvo presente mediante una plataforma de video llamada y propuso que, en el texto constitucional debía quedar expresa la normativa de no tomar empréstitos y créditos para la provincia cuyos pagos comprometan más del 20% de la renta de la provincia. Además, sostuvo que, en los supuestos del artículo 81, se debe aclarar que los fondos no deben ser utilizados para un fin distinto para lo que fue tomado el empréstito, sino tener un fin específico y, sobre todo, no se deben usar esos fondos en gastos corrientes.

Los y las constituyentes, como los invitados, coincidieron en que los endeudamientos que comprometan fondos de la Provincia, para pagarlos, deben ser aprobados por la Legislatura de la provincia con una mayoría agravada. También señalaron que esta condición debería estar asentada en el articulado constitucional, para evitar dudas. Mientras que para los supuestos del artículo 82, donde la toma de deuda no compromete de manera directa al erario público, es suficiente con la mayoría simple.
A su turno, Juan Brajsich, señaló que, según su opinión, en el caso de los empréstitos y créditos que se mencionan en el artículo 81, donde está establecido que no puede ser comprometido más del 20% de la renta, se debería elevar el límite al 25% porque “es la tendencia mayoritaria hacia la que se han volcado casi todas las provincias que han encarado una reforma de sus leyes financieras».
Al final de la reunión, la presidenta de la comisión, Teresa Agostini, señaló que el aporte de los invitados fue estratégico, porque estos artículos, 81 y 82, que entraron en la ley de reforma se refieren a la forma de financiamiento del Estado para conseguir fondos para obras trascendentes para la provincia.
Además recordó que se sugirió que se cambie el término “gastos ordinarios” por el de “gastos corrientes” tal como se menciona en la ley de presupuesto, para evitar interpretaciones confusas.





