Continúa el pedido de justicia para los muertos en Iron Mountain
Dos años atrás, el 5 de febrero de 2014, en el barrio de Barracas, se incendiaba un depósito de la empresa Iron Mountain, siniestro que causó la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil.
Las pericias determinaron que el fuego fue iniciado de modo intencional, a pesar de lo cual no hay ninguna persona imputada en la causa que todavía se encuentra en etapa de instrucción en la Fiscalía en lo Criminal Nº 37.
«Hoy se conmemoran dos años de la muerte de diez personas que sufrieron una emboscada», aseguró a Télam minutos antes del acto Ricardo Martínez, papá de Maximiliano, bombero de la Policía Federal fallecido tras desmoronarse la pared que daba a la calle Jovellanos sobre la vereda en la que aguardaban instrucciones bomberos y rescatistas.
Y continuó: «Yo vi por televisión cómo la pared aplastaba a mi hijo. Estaba trabajando cerca y me vine caminando despacito. Vi los cuerpos tapados con las mantas y me confirmaron en el Hospital Argerich lo que yo ya sabía, que estaba muerto».
«Les digo a todos los que creen que porque nos indemnizaron nos van a callar la boca que están muy confundidos. ¿Qué está esperando la justicia para decirnos qué pasó? Si tienen todas las pruebas. Nosotros no vamos a parar hasta conocer la verdad», exclamó.
Las pericias determinaron que el fuego fue iniciado de modo intencional, a pesar de lo cual no hay ninguna persona imputada en la causa.
Ya durante el acto, Jorge Campos, papá de Sebastián, bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y otro de los diez fallecidos, afirmó que «hay un desprecio por la vida, aquí hay personas que cerraron los ojos para que Iron Mountain permanezca abierto y beneficie a quién sabe quién».
El pedido de justicia se repitió una y otra vez en las palabras de algunos de los familiares, mientras que otros lloraban en silencio, parados junto a una suerte de santuario ubicado sobre la calle Jovellanos donde se encuentran las fotos de las diez víctimas y algunas de sus pertenencias, acompañadas por el cartel que los bautiza como los «Héroes de Barracas».
La causa fue caratulada como «Estrago doloso seguido de muerte» tras el resultado de dos peritajes, uno de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y otro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que determinaron que el incendio fue intencional.
un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a 2012 «Iron Mountain tuvo beneficios por cinco millones de pesos por exención de Ingresos Brutos y ABL
Estos peritos concluyeron, entre otras cosas, que «se encontraron rastros de sustancias combustibles» y se estableció que «el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar».
La investigación se encuentra en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, actualmente a cargo de Romina Monteleone, y según fuentes judiciales como todavía falta el resultado del peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) no se han realizado imputaciones.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a 2012 «Iron Mountain tuvo beneficios por cinco millones de pesos por exención de Ingresos Brutos y ABL».
Estas exenciones estaban basadas en que significarían un importante fuente de trabajo, sin embargo, la Auditoría no pudo constatar que pasó con el personal de Iron Mountain porque «cuando se revisó el expediente, no constaba la declaración jurada de los empleados que tienen».
Familiares y allegados a las víctimas se resisten a olvidar, a que aquel terrible suceso sea borrado de la memoria de los argentinos:
