«Toda propuesta de reforma del sistema electoral debe plantearse fuera de los tiempos de campaña»
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó que el reclamo opositor de modificar el régimen electoral a 39 días hábiles de los comicios generales del 25 de octubre próximo es «constitucionalmente inaceptable, legalmente inviable y políticamente disparatado».
El titular de la cartera a cargo de organizar las elecciones sostuvo que el pedido es «políticamente malintencionado» porque la oposición «sabe perfectamente que lo que reclama es inaceptable constitucionalmente e imposible legalmente. Lo hace para encubrir derrotas electorales que sólo expresan la voluntad popular».
Según el ministro, para que prosperase una reforma como la reclamada deberían ser modificados al menos 38 artículos del Código Nacional Electoral, entre los cuales 25 referidos al escrutinio, tres al formato de boletas y nueve a la emisión del sufragio.
Por otra parte, señaló que la actitud de un sector de la oposición «llama poderosamente la atención» porque «agitó mediáticamente el fantasma del fraude en tres provincias con sistemas de votación diferentes: en Salta con voto electrónico, en Santa Fe con boleta única y en Tucumán con boleta tradicional», tras ser derrotada.
Para que sea respetable, toda propuesta de reforma del sistema electoral debe ser planteada fuera de los tiempos de campaña, en sesiones ordinarias del Congreso y con el tiempo necesario para una reflexión profunda.
Respecto de las elecciones generales del próximo 25 de octubre, explicó que «serán mucho más sencillas que las PASO, ya que son menos las provincias que eligen cargos provinciales y se presentan solamente los candidatos que superaron las primarias, por lo cual habrá sólo un candidato a presidente, uno a gobernador y uno a intendente por cada agrupación política».
«Para las elecciones generales, ya están garantizadas la organización, la seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y el control de la elección y el escrutinio a través de la Cámara Nacional Electoral y 24 jueces federales con competencia electoral en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», precisó.
En el caso de Tucumán, dijo que la Justicia ya inició el escrutinio definitivo de las 3.400 urnas, «que es el único que tiene validez jurídica porque el provisorio sólo tiene un fin informativo», y la Junta Electoral provincial admitió el pedido de apertura de urnas en todos los casos solicitados por los apoderados partidarios.
«En ese sentido, la oposición y también el oficialismo se manifestaron en favor de la apertura de todas las urnas que sea necesario, y coincidieron en la necesidad de que se convoque a votar en elecciones complementarias en los casos de las urnas que fueron destruidas, peticiones que la Justicia Electoral de Tucumán está analizando», puntualizó a Télam.
Al término de un acto que compartió con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich y la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, el funcionario dijo a la prensa que «el artículo 77 de la Constitución Nacional establece que ‘los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros’ de ambas cámaras» del Congreso Nacional.
Este requisito «implica que la voluntad del constituyente fue favorecer un amplio y prolongado debate sobre la normativa básica del sistema democrático», añadió.
