De Vido: «La Ley de Hidrocarburos surge del consenso con las provincias petroleras»
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aseguró en el Congreso que el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos surge del consenso «de cinco meses de trabajo que fue plasmado en un acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias petroleras» y es parte del plan energético que lanzó el presidente Néstor Kirchner en el 2004, a casi un año de haber asumido. El funcionario expuso en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Energía de la Cámara de Diputados.
«En el 2003 no había abastecimiento energético ni infraestructura», aseguró De Vido al exponer este mediodía en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Energía, y de Presupuesto, que analiza el proyecto para reformar la ley de hidrocarburos, con el fin de lograr las inversiones necesarias con la mirada puesta en lograr la soberanía energética. De Vido señaló que este proyecto «representara la consolidación del rol histórico que debe tener el Estado nacional en conjunto con las provincias».
Luego expuso la secretaria de Energía, Mariana Matranga. Aseguró que el proyecto de ley de hidrocarburos «es completo, moderno, homogéneo, y transparente» con el objetivo de «acelerar el proceso de autobastecimiento energético» y aclaró que esta iniciativa «no contempla la prórroga automática».
La funcionaria señaló que esta propuesta «no modifica la ley corta» de hidrocarburos ya que «las provincias mantienen su potestad como autoridad de aplicación». En ese sentido, subrayó que las provincias con esta ley conservan “su potestad de otorgar, controlar, o revocar los permisos de explotación».
En el último tramo de su discurso, Matranga dijo que esta iniciativa es fundamental porque en la ley anterior de 1967 «no existían las nuevas tecnologías» y por eso para alcanzar «el autoabastecimiento energético la clave era modernizar el marco legal».
Luego expusieron el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el titular de YPF, Miguel Galuccio. El plenario fue conducido por la titular de Asuntos Constitucionales, Diana Conti. Estuvo secundada por sus pares de Energía, el santacruceño Mario Metaza, y de Presupuesto, el porteño economista Roberto Feletti.
Las tres comisiones se volverán a reunir el jueves a las 12 para discutir y poner a la firma el despacho de mayoría que se discutirá en el recinto deliberativo en el marco de una sesión especial que será impulsada por la bancada oficialista, que conduce Juliana Di Tullio. Así, el Frente para la Victoria cumplirá con su compromiso de sancionar esta ley en octubre. El objetivo es otorgar una herramienta clave para atraer inversiones para el estratégico sector petrolero, con la mirada puesta en lograr la soberanía energética.
Qué dice el proyecto de ley
El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina. Establece que los emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20 por ciento siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60 por ciento.
En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectadas por las reformas a la ley de hidrocarburos. El proyecto otorgó la potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías por un 12 por ciento.
Y dispone que «en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un tres por ciento las regalías con un tope del 18 por ciento». Para las nuevas licitaciones, en tanto, se determina que «se suprimen las reservas de áreas», mientras que las empresas provinciales «podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión».
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un «pliego modelo» a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.
