
Arsénico en el agua de varios municipios bonaerenses
Luego del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que “el acceso al agua potable es un derecho humano básico” y benefició a vecinos del distrito de 9 de Julio afectados por el alto contenido de arsénico en la red de agua potable, otros distritos comenzaron a organizarse para reclamar la misma medida, que obliga a la empresa estatal ABSA a suministrar agua en bidones hasta tanto solucione el problema.
Fernando Cabaleiro, el abogado que patrocinó a los vecinos de 9 de Julio, señaló que el fallo de la Corte animó a otras organizaciones vecinales a realizar denuncias contra ABSA y algunos municipios que tienen a su cargo el servicio, aprovechando que la disposición del máximo tribunal sienta un precedente favorable.
Es que el fallo ordenó al juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes, que tramitó la causa 9 de Julio, a fallar a favor de los vecinos en ese y otros casos en los que la falta de acceso al agua potable vulnere sus derechos y ponga en peligro la salud. En esa línea, ratificó un fallo de primera instancia que obligaba a la empresa a distribuir bidones de agua potable a los damnificados, ampliando el beneficio a todos los habitantes del distrito.
El letrado explicó que en los casos de Alberti, Bragado y Chivilcoy ya se encuentran en sede judicial, mientras que vecinos de Pehuajó, Los Toldos y Rojas están iniciando el camino judicial.
Panorama que asusta
El mapa de arsénico de la provincia de Buenos Aires asusta. El caso de 9 de Julio no es un hecho aislado: Lincoln, Pehuajó, Carlos Casares, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Junín y Chacabuco son otras ciudades en las que el problema es conocido porque los vecinos también se movilizaron. Pero son muchas más las que tienen el arsénico en niveles mayores a los permitidos por el Código Alimentario Argentino (0,01 mg/l) y todavía no saben que están consumiendo un líquido que les puede causar, entre otras cosas, cáncer de piel.
“Tanto el gobierno provincial como ABSA (la empresa Aguas Bonaerenses) lo saben, en estos cuatro años que nos hemos estado reuniendo nunca lo negaron y ellos mismos nos han dicho que no pueden solucionar el problema porque el 80% de la provincia está igual”, explica Julia Crespo, presidenta de la organización que logró un fallo histórico.
“9 de Julio-Todos por el Agua” empezó por Facebook. Como se sumaban 300 personas por día, Julia Crespo y Juan Kersich, junto con otros vecinos, armaron la primera reunión vecinal el 24 de septiembre de 2010. El objetivo era demostrar que había arsénico en el agua. Empezaron, entonces, a hacer una campaña de concientización. Hacían carteles, sumaban cada día más voluntarios parando a la gente en la peatonal para decirle que el agua que salía de sus canillas estaba envenenada.
Mientras, hacían los análisis: recibían las muestras de orina de los vecinos y completaban una planilla por cada persona en una sede que llamaron “la casita”. Después mandaban todo a analizar a la Universidad Nacional de Rosario. Luego el resultado llegaba por mail. “Conseguimos donaciones de empresas y comercios e hicimos cerca de 200 análisis, el 70% de esa gente tenía altos los niveles de arsénico”, cuenta Julia Crespo.
Los vecinos insisten que éste es un problema que tienen desde siempre. Mientras tanto, pagan el agua que sale de sus canillas, un agua que no pueden consumir. Pagan, también, una factura que no los advierte del nivel de arsénico que tiene lo que toman. Desde enero de 2011, fecha del primer fallo, ABSA incumple con la orden judicial de informar ese dato. (InfoGEI)