La Corte Suprema aceptó analizar el conflicto por el río Atuel
La Corte Suprema aceptó analizar el conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza por el río Atuel. La demanda había sido presentada por la provincia pampeana para declarar el incumplimiento de Mendoza al fallo de la Corte de 1987. Allí se establecía que debía negociar y celebrar convenios de buena fe para regular el uso del agua del Atuel, considerado «interprovincial» por el tribunal.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Higthon de Nolasco y Juan Maqueda, el tribunal consideró que el conflicto es “competencia originaria” de la Corte. Los ministros dispusieron que se notifique de la existencia de ella al gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Mendoza, y al fiscal de Estado provincial.
Además, los magistrados citaron al Estado Nacional para que “dentro del plazo de 60 días, comparezca a tomar en la causa la intervención que pudiere corresponderle”.
La Pampa había solicitado también, en la demanda que presentó el 16 de mayo, que se ordene el cese del daño ambiental en el oeste de la provincia, se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata y se exijan obras para optimizar los recursos de agua en el sistema de riego.
El conflicto por el Río Atuel entre Mendoza y La Pampa se remonta a principios del siglo XX. En 1918 se realizó el primer desvío del brazo principal del río, el Atuel Viejo. Esta obra tuvo lugar en el Paso El Loro y causó la desaparición del afluente. El paraje pampeano Isla Chalileo se vio directamente perjudicado y dejó de ser una de las regiones más fértiles de la provincia.
Años después, en 1937 se construyeron los “Tapones de Ugalde”, pequeños diques que tenían como fin inundar una zona determinada para la provisión de agua de los pobladores y productores locales. El lugar de estas obras fue el límite de Mendoza con La Pampa, lo que convirtió al Arroyo Butaló en un pequeño hilo de agua. Así la Isla Chalileo perdió aquella ribera que lo rodeaba por el oeste y dejó de ser llamada “isla” esa porción de tierras áridas.
El dique El Nihuil fue la siguiente gran obra que terminó de destruir el ecosistema del oeste pampeano. Finalizado en 1948 fue el resultado de un convenio entre Mendoza y el Estado Naciónal, con el objetivo de regular los caudales del Atuel y generar energía hidroeléctrica.
Todavía en aquella época La Pampa era un territorio federal administrado desde Buenos Aires por lo que no tuvo ningún tipo de participación en todas estas obras que afectaron directamente su ecosistema y producción local. Sin embargo el gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón (que luego le daría estatus de provincia en 1952) estableció una entrega anual de agua para consumo de los pampeanos, para el riego y la producción ganadera.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que dicta clases en la Universidad Nacional de La Pampa y fue uno de los impulsores de la actual demanda, expresó en una entrevista que para su provincia “el Atuel es como las Malvinas para la Argentina. En la escuela te enseñan el ‘Romance del río perdido”. Aquella fértil y húmeda región que inspiró a la literatura y la música nacional hoy es “el desierto”.
En 1978, en el marco de otras negociaciones sobre la cuenca del Río Colorado, se discutió también el caso del Atuel. Allí se acordó que Mendoza realizaría obras para redirigir parte del caudal del Río Grande al Atuel garantizando que el caudal llegue a La Pampa. Esto permitiría retomar, además, un proyecto que databa del gobierno de Perón y que aún hoy sigue pendiente: la construcción de la represa Portezuelo del Viento. Debido a diferencias de salinidad entre el Río Grande y el Atuel la obra no se llevó a cabo.
En 1987, la Corte Suprema declaró la «interprovincialidad» del Atuel y exhortó a Mendoza a realizar obras para mejorar la eficiencia del riego, aunque le entregó el derecho de regar 75.600 hectáreas, mientras que el excedente debía ser motivo de «convenios interprovinciales para conseguir una participación equitativa del agua para La Pampa».
En 2008 hubo un intento de acuerdo entre las provincias, estimulado por el gobierno Nacional, que derivó en la firma de un convenio entre el actual gobernador pampeano Oscar Jorge y el entonces mandatario mendocino Celso Jaque firmado en agosto de ese año. Sin embargo el conflicto siguió porque el acuerdo fue aprobado por la Legislatura de La Pampa pero rechazado por la de Mendoza.
La demanda fue presentada por el gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, y el fiscal de Estado provincial, José Vanini, con el patrocinio del abogado constitucionalista Gregorio Badeni. El máximo tribunal tiene la potestad de “dirimir dichas quejas interprovinciales, convirtiéndolo de ese modo, en un órgano de conciliación, aplicable, a con amplias facultades para determinar el derecho a fin de garantizar la paz interior, constituir la unión nacional y promover el bienestar general”, tal y como lo dice la Constitución Nacional.
