
Caso Arruga: Mariotto, contra funcionarios
En el caso por la desaparición de Luciano Arruga, cuyo cuerpo fue hallado como NN en el cementerio de Chacarita, el vicegobernador Gabriel Mariotto aseguró que se reunirá con el presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, para que se agilice, el próximo mes, el juicio a los tres funcionarios judiciales acusados de mal desempeño.
Se trata de as fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín, y el juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco. Esto fue comunicado por Mariotto tras reunirse con un grupo de familiares del joven, encabezados por su hermana Vanesa Orieta.
El vicegobernador habia expresado, en su momento: «Es un gran dolor, escuchamos la conferencia del CELS. Está prevista una reunión en La Matanza, el próximo lunes. Estamos hablando con los compañeros para ratificar esa reunión, para que llegue el jury de enjuiciamiento contra los que tienen responsabilidad en el poder judicial respecto de la causa», relató el Vicegobernador.
Mariotto recordó que «la falta de registros en nuestros cementerios es algo que el Juez Arias ha subrayado en La Plata y en nuestra Provincia» y consideró que «el hallazgo en un cementerio del cuerpo de Luciano Arruga profundiza esa responsabilidad institucional».
El pedido de juicio político, realizado en diciembre de 2013, es a partir de las denuncias de irregularidades en el desarrollo de la causa. La hermana de Arruga relató que a partir del relato de la familia se reveló que durante un año y cuatro meses la fiscal Cejas pidió 15 veces intervenciones telefónicas a los teléfonos de la familia Arruga que el juez Banco autorizó.
Asimismo, en lo que a Castelli respecta, indicó que la acusan de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento. Su responsabilidad en la detención de la causa se debe a que no tomó en cuenta las denuncias de la familia y por tal motivo fue apartada en 2009.
Según testigos, el día de su desaparición fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaria 8va. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.