JUJUY: INMINENTE DESALOJO DE FAMILIA CAMPESINA Y PROYECTO EN EL SENADO PARA INTERVENIR EL JUDICIAL
La justicia sigue actuando de manera parcial y a pesar de los más de 70 años de posesion de la familia de María Teresa Marcos, este 26 de junio se cumplieron los 10 días que el juez en primera instancia en los Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, otorgó para desocupar el inmueble antes de hacer uso de la fuerza pública.
Maria Teresa tiene 75 años y se dedica a la producción de ganado vacuno en Yala y a la venta de flores en el cementerio.
Su padre y su madre la vieron nacer en los cerros de Yala y desde esa época vive en esta tierra, sus abuelos fueron enterrados en estos cerros.
En los años 90 logró cambiar la antigua casa de barro de su madre y padre y construirse una pequeña, pero hermosa, casa de ladrillos. Alrededor tiene sus corrales dónde maneja el ganado junto a su nieto, práctica que ya tenían sus padres en estás tierras, sin reconocer ningún otro dueño.
Nada de esto es válido para la in – justicia de las provincia que desconoce los derechos campesinos y prefiere defender los negocios inmobiliario de Wenseslso Snopek, la Empresa Roca y sus socios, entre los que se encuentra la familia de Carlos Haquim (Vicegobernador). «No podemos seguir viendo y soportando el despojo de las familias de sus tierras. NI UN METRO MAS. LA TIERRA ES NUESTRA» expresaron desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Esto sucede cuando en el Senado de la Nación Argentina, por iniciativa del Senador Nacional Guillermo Snopek, se presentó un proyecto de Ley para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. En el que propone la «intervención Federal a la Provincia de Jujuy en su Poder Judicial para garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en una responsabilidad internacional del Estado Argentino» versa el proyecto.
Luego de que el Gobierno nacional le solicitara a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la reforma de la Constitución de Jujuy, senadores del oficialismo ingresaron un proyecto para la “intervención Federal” del Poder Judicial de la Provincia.
En ese sentido, la iniciativa presentada ante el Senado de la Nación por los senadores oficialistas Guillermo Snopek y Juliana Di Tullio, deberá tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales que recién será constituida el próximo miércoles 5 de julio, establece que la intervención federal en Jujuy tendría un plazo de un año, que podría ser prorrogable por otro año más, mediante una resolución del Ejecutivo.
Entre los fundamentos para la intervención federal, Snopek y Di Tullio recuerdan que el 17 de diciembre de 2015, a propuesta del Poder Ejecutivo, “la Legislatura de Jujuy aprobó una reforma ampliando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de cinco a nueve miembros”.
“De los cuatro nuevos jueces, tres de ellos son del partido radical, el mismo al que pertenece el señor Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, siendo dos de ellos diputados provinciales, que en un mismo día votaron la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal para, 48 horas más tarde, asumir como jueces del mismo”, puntualiza el proyecto de los senadores oficialistas.
Por su parte, a diputada del Frente de Todos, Gisela Marziotta, presentó la semana pasado un proyecto que promueve la intervención federal a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Jujuy ante la situación que atraviesa esa provincia tras la aprobación parcial de la reforma de la Constitución provincial, donde se limita el derecho a la protesta.
En su iniciativa, la legisladora nacional fundamentó que la medida es para “restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno, en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional, y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Cabe destacar que, la medida va en línea con la presentación que realizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, ante la Corte Suprema de Justicia, quien pidió por la declaración de inconstitucionalidad de la reforma provincial aprobada en la Legislatura provincial de la provincia norteña.
Desde Nación sostienen que se trata de una acción declarativa -en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña.
Es que, el Ejecutivo Nacional considera que la reforma constitucional de Jujuy “vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
