Cae la popularidad de Dilma

La presidenta de Brasil tiene un 73,9% de desaprobación popular.
La publicación de esa encuesta privada, que pertenece a la MDA y que repicaron medios locales, coincide con la escalada opositora que en la noche del martes realizó un cacerolazo contra el gobierno y contra el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y padrino político de la mandataria.
Vecinos de San Pablo, Rio de Janeiro, Brasilia y otras once capitales hicieron sonar sus cacerolas y bocinas de autos mientras se transmitía una publicidad del PT que tuvo justamente a Lula como protagonista.
Hubo, además, algunos cánticos e insultos contra el oficialismo en barrios de clase media alta como Higienópolis y Jardins, en San Pablo, y Leblon e Ipanema, en Rio de Janeiro, citó la agencia Ansa.
La propaganda petista fue transmitida el martes por la noche por cadena de radio y TV, superponiéndose a los comentarios periodísticos de la prisión del publicista Joao Santana, quien estuvo a cargo de las campañas presidenciales de Lula, en 2006 y las de Rousseff en 2010 y 2014.
El juez Sergio Moro, a cargo de la causa por el escándalo de corrupción en Petrobras, ordenó la prisión de Santana sospechado de recibir dinero manchado, presuntamente de petróleo, en cuentas off-shore (paraísos fiscales) que no declaró al fisco brasileño.
Durante su intervención en la propaganda Lula dijo, en matiz de autocrítica, que «es cierto que erramos, pero fue más lo que acertamos» en los 13 años de gobiernos del PT.
Lula es objeto de dos investigaciones por supuesto «ocultamiento de patrimonio», pero ha sido defendido por por el PT, que atribuye las acusaciones a maniobras de sus adversarios políticos para «ensuciar su nombre», debido a que mantiene mejor imagen que la presidenta Rousseff.
El ex jefe de Estado, quien se ha considerado a sí mismo como «el alma viva más honesta de Brasil», deberá declarar ante la Fiscalía por un caso de lavado de dinero y ocultación de patrimonio de un departamento situado en el balneario de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo.
La convocatoria al cacerolazo partió de agrupaciones de la sociedad civil como Ven a la Calle y el Movimiento Brasil Libre, que el martes se reunieron con parlamentarios en el Congreso.
En este marco, Aécio Neves, presidente del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) propuso implementar un frente que movilice a la sociedad para reanimar la bandera del impeachment, como tamnién le dicen al juicio político, tras algunos meses de inactividad iniciados en diciembre pasado. También para solicitar al Tribunal Superior Electoral (TSE) que incluya en su expediente los documentos sobre la «la relación evidente» entre la campaña por la reelección de Rousseff y el dinero ilegal cobrado por Santana.
El experto en marketing Santana y su esposa Mónica Moura, dueños de la más importante consultora de Brasil, eran indagados este miércoles por la Justicia Federal en el estado sureño de Paraná, donde se sustancia la causa Lava Jato (Lavado Rápido) por corrupción en Petrobras.
La prisión de los dos publicistas generó conmoción en el gobierno que a través del ministro de Justicia, José Cardoso, aseguró que las cuentas de la campaña fueron declaradas ante la Justicia Electoral y no presentan irregularidades.
También el presidente del PT, Rui Falcao, deslindó toda responsabilidad con eventuales transferencias ilegales de Joao Santana, y agregó que el partido ya no tiene contratos con ese consultor pues sus servicios son muy caros.
Durante su intervención en la propaganda Lula dijo, en matiz de autocrítica, que «es cierto que erramos, pero fue más lo que acertamos» en los 13 años de gobiernos del PT
Los argumentos del gobierno y el PT no aplacaron la indignación opositora. «La presidenta Dilma no tiene autoridad moral, perdió toda credibilidad nosotros desde la oposición creamos el comité pro impeachment para trabajar incesantemente para que este proceso de impeachment continúe» en el Congreso, declaró este miércoles el diputado Rubens Bueno, jefe del bloque del Partido Popular Socialista.
«La oposición va a seguir denunciando esta estafa electoral, donde hubo influencia poder económico porque las propinas petrolao (escándalo Petrobras) para campaña de Rousseff están demostradas», concluyó el dirigente opositor Bueno.
Por otro lado, la agencia de calificación de riesgo Moody’s anunció este miércoles que rebajó dos escalones la nota de Brasil, que ha pasado de «Baa3» a «Ba2», con «perspectiva negativa», lo que supone para el país la pérdida del llamado grado de inversión.
Ese sello de «buen pagador» ya le había sido retirado a Brasil por las agencias Fitch y Standard & Poor’s, que al igual que Moody’s justificaron esa decisión en el oscuro panorama económico y político del país.
Ante esta nueva rebaja, el Gobierno emitió una nota oficial en la que señaló que «la posición de las agencias» de calificación «no altera» su «compromiso» con el ajuste fiscal «necesario para la estabilización de la trayectoria de la deuda pública».
También sostiene que la economía brasileña tiene «perspectivas de recuperación a medio plazo», así como cita los recortes del gasto público aplicados por el Ejecutivo y su determinación de avanzar hacia una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones.
Según el Gobierno, «todas esas iniciativas favorecerán la reversión de las incertidumbres en cuanto a la trayectoria fiscal y la recuperación la confianza de los agentes (financieros), condición importante para la retomada de las inversiones».





