VENTA de NUCLEOELÉCTRICA: se presentó el SEGUNDO AMPARO JUDICIAL para frenar la maniobra
Fernando Martínez, concejal del partido de Exaltación de la Cruz, presentó otro amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana, con el objetivo de frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Se trata de la segunda medida llevada a cabo desde que se conocieron públicamente las intenciones de privatizar la empresa generadora de energía eléctrica.
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), perteneciente al Estado Nacional, es la encargada de operar las tres centrales nucleares del país y, con el amparo de Martínez, queda asentada la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y el riesgo real que implica esta privatización para la soberanía energética.
NA-SA opera en Atucha I, Atucha II y Embalse y, contrariamente a lo manifestado públicamente por el Gobierno Nacional con respecto vender aquellas empresas públicas que provocan pérdidas, ésta es rentable de cabo a rabo: sólo en el primer trimestre de este año obtuvo 17 millones de dólares en ganancias.
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados”, apuntó el concejal mediante el amparo.
El documento presentado, a su vez, solicita una medida cautelar que pause cualquier tipo de “licitación, oferta o transferencia de acciones” y, de este modo, mantener el mismo escenario hasta que, efectivamente, se tome una decisión teniendo en cuenta los amparos presentados.
En tanto, también se busca frenar una posible privatización parcial, debido a que ello ocasionaría aumentos tarifarios y un marcado desfinanciamiento del sector: “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”.
“Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”, concluyó Martínez en el documento.
1er amparo
El amparo anterior había sido presentado por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, donde solicitó “la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía”. Hoy se encuentra en el juzgado federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.
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