«Vatileaks 2»: se abrió el juicio
La Justicia vaticana comenzó el controvertido proceso contra dos periodistas, un sacerdote español y dos empleados relacionados con el último escándalo de filtración de documentos papales concernientes a maniobras financieras sospechosas de la Iglesia católica.
Los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi están acusados de publicar los documentos filtrados del sacerdote español Lucio Vallejo Balda, de Francesca Chaoqui, otra integrante de la comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA) y de su ayudante italiano Nicola Maio.
Nuzzi y Fittipaldi podrían enfrentar ocho años de prisión, mientras que la pena para Balda, Maio y Chaoqui podría ascender a los 10 años, puesto que no sólo se les acusa de filtrar informaciones secretas del Vaticano, sino también de formar una organización criminal.
Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos reservados de la Santa Sede, y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación para la divulgación de estos papeles.
Dalla Torre rechazó la petición de la abogada de Vallejo, Emanuela Bellardini, de tener más tiempo para preparar su defensa después de que la letrada indicara que el caso le había sido asignado de oficio muy recientemente.
El presidente del tribunal también rechazó la petición de Fittipaldi, quien consideró nulo su envío a juicio ya que en el acta de imputación, alegó, no se incluyen ni los cargos precisos ni los documentos que presuntamente filtró.
En concreto, están acusados de violar el artículo 116 bis, introducido por el papa Francisco en 2013, y que contempla el delito de «procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación». El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1000 a 5000 euros. En el caso de que estas noticias o documentos fueran de «interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión».
