Servini de Cubría pidió la extradición de 20 españoles por delitos durante el franquismo

 

 

 

 

La jueza federal María Servini de Cubría ordenó ayer la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el franquismo en España para que sean extraditados e indagados como sospechosos de distintos delitos graves. “Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal”, sostuvo la jueza en la resolución.

Desde hace cuatro años Servini de Cubría investiga los “crímenes del franquismo” en base a las denuncias de varias víctimas, como Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei; o Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. En marzo de 2013 la magistrada ya había solicitado a las autoridades españolas la detención preventiva de cuatro ciudadanos de ese país para interrogarlos por el delito de tortura. Ahora, en una nueva resolución, la magistrada ordenó detener al ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, el ex Secretario del Movimiento, José Utrera entre otras importantes personalidades de ese régimen acusados de “homicidio con la circunstancia agravante”.

El portal español Público. es pone hoy en su portada la lista completa de los ex funcionarios requeridos por la jueza, y traza una breve reseña de cada uno de ellos:

 

Antonio Carro Martínez

Buscado por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, producida el 2 de marzo de 1.974 y, también la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

Su carrera en la administración franquista comenzó en 1973 cuando se le nombró director general de Administración Local, y se convirtió un año más tarde en ministro de la Presidencia del gobierno 14º de la dictadura franquista (del 3 de enero de 1974 al 11 de marzo de 1975), permaneciendo en el cargo en el 15º gobierno (del 11 de marzo de 1975 al 12 de diciembre 1975). También fue diputado en la Legislatura Constituyente de España y en cuatro legislaturas más por el Partido Popular electo en la provincia de Lugo. Ostenta la gran cruz del Yugo y la Flechas, así como las del Mérito Civil, de Sanidad, de Cisneros y de Carlos III.

José Utrera Molina

Buscado por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich. La complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen franquista ni siquiera fue disimulada en democracia. Actualmente, forma parte del Fundación Francisco Franco. Su carrera en el régimen franquista comenzó en el Frente de Juventudes (la organización juvenil del partido fascista) y finalizó en 1975 como Ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del dictador. Además, fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3 de abril de 1978.

En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en el diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una «vandálica invasión del Gobierno socialista». «Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España «, escribe.

Por haber convalido con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich asesinado el 2 de marzo de 1.974. Tras su marcha de la política activa, fue miembro del Consejo de Administración de numerosas empresas: Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio. Española del Zinc, Ibermutua. Fue nombrado Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco, junto a Augusto Pinochet Molina (nieto del dictador chileno), en ceremonia celebrada el 18 de julio de 2012, bajo el lema: Derecho al Alzamiento.

Jesús Cejas Mohedano

Buscado por haber convalidado con su firma, como vocal auditor en el Consejo de Guerra, las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz; Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria, fusilados el 27 de septiembre de 1975.

Antonio Barrera de Irimo

Buscado por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich asesinado el 2 de marzo de 1.974. Fue nombrado ministro de Hacienda (1973) en el penúltimo gobierno de Franco como jefe de Estado. Cargo que mantiene en el último gobierno franquista del que fue vicepresidente segundo. Dimitió a finales de octubre de 1974.

En el campo de la empresa privada fue miembro del Consejo de la Editorial Católica (EDICA), presidente de Telefónica de 1964 a 1973, presidente del Grupo SEMA, de Corporación Financiera Hispamer, de la Compañía General de Aguas, consejero del Banco Hispano Americano, de Explosivos de Río Tinto, de Aluminio de Galicia, de Urbis, de Andaluza de Minas. Actualmente, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero Unión Fenosa, de Bull, S.A., y presidente de Autogrill España.

José María Sánchez-Ventura Pascual

Buscado por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975, como Ministro de Justicia del 15° gobierno de la dictadura, en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario «San Pablo», de Madrid. Entre 1966 y 1970 ejerció el cargo de Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967 presidió el Consejo de administración del vespertino madrileño Informaciones. En noviembre de 1974 fue nombrado Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo, y en marzo de 1975 Ministro de Justicia, cargo que desempeñaba cuando se produjo el fallecimiento de Francisco Franco.

Alfonso Osorio García

La resolución de la jueza ordena la detención de Osorio por «su responsabilidad de los sucesos acaecidos en Vitoria el 3 de marzo de 1976, conocidos como la matanza de Vitoria, que provocaron la muerte de los trabajadores Pedro María Martínez Ocio de 27 años, Francisco Aznar Clemente de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro de 19 años, José Castillo García de 32 años, y Bienvenido Pereda Moral de 30 años y más de 100 heridos, muchos de ellos por armas de fuego, cuando la policía reprimió premeditadamente, indiscriminada y criminalmente una concentración obrera según se detalla en los testimonios.

Era el Ministro de Presidencia, y junto a Adolfo Suárez y Martín Villa (en momentos en los que Suárez era ministro de la Gobernación interinamente a causa de un viaje oficial de Manuel Fraga a Alemania), decidió que el operativo represivo fuese dirigido por un mando único, el director general adjunto de la Seguridad de apellido Zarzalejo y un alto jefe de la Guardia Civil para que coordinase y mandase a todas las fuerzas por orden público».

Abandona UCD para integrarse en Alianza Popular, siendo elegido diputado por Madrid en las elecciones de 1979. En el ámbito privado fue presidente de Petromed desde 1965 hasta 1990, exceptuando los años en los que fue subsecretario y ministro. Es Caballero de la Orden de Malta, posee las Grandes Cruces de Carlos III, Isabel La Católica, San Raimundo de Peñafort y Mérito Civil. En abril de 2011 recibió la medalla de oro de Cantabria.

Jesús Quintana Saracibar

Su responsabilidad en los hechos acaecidos en la Iglesia de San Francisco de Asis, del Barrio de Saramaga, en Vitoria, que causara la muerte por disparos de bala a 5 civiles, Pedro María Martínez Ocio de 27 años, Francisco Aznar Clemente de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro de 19 años, José Castillo García de 32 años, y Bienvenido Pereda Moral de 30 años; el 3 de marzo de 1976, fecha en que el nombrado era Capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron la Iglesia.

Carlos Rey González

En 1974 era capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y participó en el Consejo de Guerra de la causa nº 106/73, instruida por el Juzgado Militar Permanente nº 3, que juzgo a Salvador Puig Antich. Desarrolló las funciones de vocal ponente, y como tal informó y fue el redactor único de la sentencia que lo condenaría a muerte, sentencia que fue ejecutada el 2 de marzo de 1974, por medio del garrote vil. En la actualidad oficia como abogado penalista y, entre otras causas, ha representado a Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, que fue recientemente archivado.

Jesús González Reglero

Buscado por haber participado en las torturas infligidas el 20 de febrero de 1975 de Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la Dirección General de Seguridad de Puerta del Sol, Madrid. Reglero luce en su uniforme tres laureles enmarcados de comisario principal, el máximo escalafón del Cuerpo Nacional de Policía. González Reglero ha recibido además diversas condecoraciones, entre ellas la más importante en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial.

Según informa la agencia Efe, Jesús González Reglero habría sido condecorado además con dos Cruces Rojas al Mérito Policial, tres Cruces Blancas al Mérito Policial, una condecoración militar, además de la Cruz, la Medalla, la Encomienda y la Placa por la dedicación al Servicio Policial.En 2012 tomó posesión como nuevo comisario jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Leganés. Está jubilado.

Rodolfo Martín Villa

El exministro, exsenador y exasambleario de la Asamblea de Madrid Rodolfo Martín Villa fue conocido durante su periodo como ministro de Gobernación (76-79) como «la porra de la Transición» por la dureza empleada en la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles. Asimismo, se le acusa de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con una nutrida implicación de organizaciones fascistas .

De manera más específica, la orden de búsqueda se justifica en su responsabilidad como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976 cuando la Policía asaltó la iglesia de San Francisco de Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea.

Ricardo Algar Barrón.

Buscado por haber haber participado en las torturas infligidas a José María Galante Serrano, quien relató que en su segunda detención, en la que permaneció diez días en la Dirección General de Seguridad, entre los policías que lo torturaron señaló particularmente a Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal; a ambos los citó entre los miembros de la BPS que denunció al final de la declaración durante su tercera detención y, en la cual hizo saber que se le tenía un odio particular y que, si por él fuera, el damnificado no sería de los que salen vivos de la DGS

Pascual Honrado de la Fuente.

Buscado por haber participado de las torturas infligidas a Gerardo Iglesias Argüelles, ex secretario del PCE y ex Presidente de Izquierda Unida; quien habría sido detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, bajo las órdenes de Claudio Ramos Tejedor, porque se le acusaba de incitar a la huelga. Permaneció detenido en la comisaría 78 horas, siendo brutalmente torturado (psíquica y físicamente) por varios miembros de la brigada mencionada; entre lo que se destacaron, según su declaración, el policía Pascual Honrado de la Fuente y el inspector Claudio Ramos Tejedor.

Desde ese momento Iglesias fue objeto de una implacable persecución: despidos de puestos de trabajo, citaciones constantes a comparecer en comisarías y cuarteles, viéndose obligado a pasar a la clandestinidad, con la consecuente pérdida de trabajo. El 26 de enero de 1967 fue detenido nuevamente por la Brigada Político Social y torturado por Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor y un «Palacios».

Ingresó en la Prisión Provincial de Oviedo el 30 de enero del mismo año y fue puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, que lo condenó a cuatro años de prisión (esa pena la cumplió íntegramente, y menciona como abogado defensor a José Federico de Carbajal, Presidente del Senado de España en el período de 1982-1989).

Licino De La Fuente

Se le imputa baber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich asesinado el 2 de marzo de 1.974

Benjamín Solsona Cortés

Por haber participado en las torturas infligidas a Juan José López Hernando, y a Francisco Camarasa Yañez, acontecidas el 23 de abril de 1971, durante el Estado de Excepción en que se suspendió parcialmente el Fuero de los Españoles.

Jesús Martínez Torres

Buscado por haber participado en las torturas infligidas a José Aznar Cortijo, quien fue detenido en el camino a Barcelona.

Atilano Del Valle Oter

Buscado por haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa, tras su detención en un piso de la ciudad de Barcelona, el día 24 de abril de 1971.

Abelardo García Balaguer

Buscado por haber participado en la sustracción del menor hijo de Adela Carrasco Martínez, quien ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción, en la Provincia de Cádiz, siendo atendida por el nombrado quien le practicó el parto sin dolor, el día 5 de Noviembre de 1967, que consiste en una técnica por la que se duerme a la madre en el momento del parto. Después del parto le informaron que el bebé nació muerto pero como Sara Carrasco Martínez manifestó haberlo escuchado llorar le dijeron que nació con vida y después falleció. La abuela de la denunciante fue a la morgue a ver el bebé y le mostraron un cadáver de un bebé más grande que un recién nacido.

Antonio Troncoso De Castro

Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, diplomático en Derecho Penal Militar, ex Fiscal del Tribunal Supremo, fue vocal suplente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y de muchos de los consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura. Tenía a su cargo la gestión más importante, era el vocal ponente, el que tenía oficialmente la misión de asesorar jurídicamente al Tribunal y redactar materialmente la sentencia.

Félix Criado Sanz

Buscado por haber participado en las torturas denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya, quien refirió que fue detenido el 11 de abril de 1.969 y estuvo 7 días en comisaría; y salvajemente torturado junto con otros militantes (los métodos de tortura fueron: golpes a mansalva, la rueda, la rana) en Zamora.

Fernando Suárez

Fernando Suárez inicia su carrera política, como tantos otros políticos del régimen, en las filas del SEU donde fue jefe de la sección de Oviedo entre 1954 y 1956. Tras pasar por varios puestos de designación política de segundo nivel como director del Instituto de la Juventud o director general del Instituto Español de Emigración, da el salto al Gobierno en 1975 para ocupar la cartera de Trabajo.

Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como responsable directo de crímenes de lesa humanidad.

Tras la publicación de la información en el portal español, los comentarios de los lectores que pueden leerse destacan la medida requerida por la jueza argentina.

«Es triste que tenga que ser un país extranjero el que imparta una justicia que este país es incapaz de proporcionar a sus ciudadanos asesinados por el franquismo. ¡Gracias Argentina!», escribe Pacolapont.

«El simple hecho de dar difusión a la conducta de estos «héroes» del régimen anterior ya es una pequeña victoria en la batalla por la justicia. Debe aplicarse ésta y que cada palo aguante su vela. Pero creemos que sus colegas del PP en el Gobierno echarán un tupido velo al asunto, no dándose ni por enterados» destaca el lector Hospila

«Esto ya tiene un VALOR SIGNIFICATIVO …que todos estos y sus hijos y sus nietos vean en las tapas de los periodicos que son lo que son unos ASESINOS que lo sepan en el bar de la esquina y en el estanco y en todo el barrio y en toda España y en todo el mundo a las cosas por su nombre y a estos tios por el suyo ASESINOS de inocentes y de obreros» escribe alejandro urbano.