Santos volvió a suspender los bombardeos a las FARC, que buscan una “amnistía amplia”
La decisión fue adoptada en reciprocidad al cese del fuego unilateral iniciado por las FARC el lunes pasado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó nuevamente la suspensión de los bombardeos a campamentos de las FARC, mientras esta organización guerrillera reveló que procura, en la negociación con el gobierno por un acuerdo de paz, una «amnistía amplia para los delitos políticos y conexos» cometidos por sus miembros.
«He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización; solo se podrán realizar por orden explícita del presidente», anunció Santos el sábado en Cartagena de Indias, en el norte del país.
El mandatario advirtió que la medida, que no tiene límite de tiempo, será efectiva «si los campamentos están alejados de núcleos de población» o «no constituyen amenaza para la población, la fuerza pública, la infraestructura».
Semanas atrás, tanto el gobierno como la organización guerrillera habían anunciado que adoptarían medidas que contribuyeran al «desescalamiento» del conflicto armado, con el fin de facilitar las negociaciones en pos de un acuerdo definitivo de paz, que realizan en La Habana desde el 19 de noviembre de 2012.
Mientras tanto, el abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, reveló que los delegados de la organización guerrillera buscan en las conversaciones con el gobierno «una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos» cometidos por sus miembros.
«Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento», dijo Santiago en declaraciones publicadas por la revista Semana.
El abogado afirmó que el grupo armado vería con buenos ojos «un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad», así como que «se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador» que no necesariamente tienen que incluir penas privativas de libertad.
«Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad; creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval», sostuvo.
Santiago reconoció que esa herramienta extrajudicial está aún por definirse, pero consideró que podría ser «una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas».
Además, señaló que «habrá que crear un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se impongan desde esta instancia extrajudicial».
Asimismo, Santiago advirtió que, en caso de que se proponga aplicar penas de prisión, estas deberían ser «para todo el mundo y no solo para las FARC».
Consultado sobre si eso incluye a los más altos cargos políticos de Colombia, como el presidente y sus ministros, el abogado respondió que eso sería una consideración política y no jurídica, pero que en cualquier caso «está claro que la cúspide de la cadena de mando alcanza a ministros, presidentes y a toda la cadena política».
El asesor de las FARC subrayó que «desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas», y en su opinión «la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos».
Por otra parte, Santiago indicó que las FARC no aceptarán la aplicación del llamado Marco Jurídico para la Paz, un conjunto de normas incluidas en 2012 en la Constitución para regular aspectos como la desmovilización de guerrilleros.
Justificó el rechazo a que esas reglas fueron diseñadas por una sola de las partes en el conflicto y porque inhabilita para actuar en política a quienes resulten condenados por crímenes de guerra o de lesa humanidad.
«Cuando los miembros de una organización como las FARC han pasado 50 años en armas y deciden abandonarlas, lo único que no se les puede prohibir es que participen en política; eso no tiene ningún sentido ni está contemplado en el derecho internacional», remarcó Santiago.
