Represión en Etiopía: 75 estudiantes muertos
Según un comunicado difundido ayer por HRW, las fuerzas de seguridad etíopes mataron al menos a 75 personas que participaban -desde el pasado 12 de diciembre- en protestas contra un plan urbanístico que busca integrar varios municipios de Oromia.
El gobierno etíope minimizó la cifra y afirmó que los muertos fueron 5, mientras que Amnistía Internacional habló de 40 muertos en las protestas.
«Human Rights Watch no pudo corroborar la cifra de muertos precisa ni los detalles de los incidentes individuales por las comunicaciones restringidas con las zonas afectadas», puntualizó la organización según la agencia EFE.
El pasado martes, el gobierno de Hailemariam Desalegn dijo que los manifestantes tenían una «conexión directa» con grupos terroristas extranjeros.
Como contrapartida, HRW, a través de uno de sus voceros -Leslie Lefkow- dijo que «catalogaron a manifestantes pacíficos como terroristas y el despliegue de fuerzas militares es una escalada muy peligrosa».
Las protestas de los estudiantes comenzaron en Ginchi, una pequeña ciudad a 80 kilómetros al suroeste de Adis Abeba, cuando las autoridades trataban de deforestar un bosque donde se desarrollará un proyecto de construcción edilicia.
El reclamo se extendió rápidamente por toda la región de Oromia, lugar de origen de 35 millones de oromos, el grupo étnico más grande de Etiopía.
Catalogaron a manifestantes pacíficos como terroristas y el despliegue de fuerzas militares es una escalada muy peligrosa
Aproximadamente dos millones de personas viven en el área afectada por el plan urbanístico de expansión de la capital, y muchos manifestantes temen que podría desplazarse a agricultores y residentes.
Testigos relataron a HRW que las fuerzas de seguridad dispararon a decenas de manifestantes en Shewa y Wollega, al oeste de Adis Abeba, a principios de diciembre.
En otras ocasiones, los policías golpearon y arrestaron a los manifestantes, sacándolos directamente de sus hogares durante las noches.
Los servicios de inteligencia etíopes acusaron a los manifestantes de intentar «desestabilizar el país» y de tener un «vínculo directo con un grupo que ha estado colaborando con terroristas».
El Ejecutivo etíope tomará «todas las medidas legales necesarias contra aquellos que intenten desestabilizar el sistema constitucional y legal, que garantiza la unidad y estabilidad del país», advirtió el primer ministro el pasado jueves.
Protestas similares se registraron en abril de 2014, cuando también se produjeron muertes, heridos y detenciones masivas de manifestantes.
La ley Antiterrorista etíope permite a las autoridades utilizar un uso ilimitado de la fuerza contra los sospechosos de actos terroristas, incluyendo prisión preventiva de hasta cuatro meses, en los que a menudo se producen torturas, según activistas.
