Reforma profunda en la Policía Federal: ¿modernización o amenaza a las libertades individuales?
Análisis del Decreto 383/2025
El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 383/2025, una amplia reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), en un contexto de emergencia pública y bajo el paraguas de las facultades delegadas por la Ley de Bases N° 27.742. El nuevo estatuto redefine las misiones, estructura y criterios de ingreso de la fuerza. Pero detrás de los objetivos de “modernización” y “eficiencia”, especialistas advierten que podrían abrirse zonas grises donde peligren derechos constitucionales como la libertad individual, la privacidad y las garantías del debido proceso.
Una policía con nuevas misiones… y más poder
El decreto transforma a la Policía Federal en una fuerza orientada casi exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos, priorizando la desarticulación de organizaciones criminales. Esto implica cambios profundos en su estructura y en la formación del personal, con programas dirigidos a captar profesionales universitarios y reducir progresivamente la cantidad de suboficiales.
A simple vista, la reforma busca profesionalizar la fuerza y alinearla con estándares internacionales, como el FBI estadounidense. Pero lo que preocupa es el marco institucional y político en el que se realiza esta transformación.
Sin ley del Congreso y bajo emergencia delegada
La nueva organización de la PFA fue dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo, invocando las facultades excepcionales otorgadas por la controvertida Ley de Bases, que declaró la emergencia pública y habilitó al Presidente a reorganizar organismos del Estado.
Esto significa que una fuerza federal de seguridad, con capacidad de operar sobre todo el territorio nacional, fue redefinida por vía reglamentaria, sin discusión parlamentaria previa y con una eventual validación posterior a través de la Comisión Bicameral del Congreso. Si bien el procedimiento se ajusta a la Ley 26.122, los márgenes para el control democrático quedan fuertemente debilitados.
¿Y los límites a la inteligencia y la vigilancia?
El decreto menciona expresamente como parte de sus fundamentos a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, una norma clave en materia de protección de libertades individuales frente al accionar de los organismos de seguridad. Sin embargo, no se detallan mecanismos para garantizar el respeto de los derechos constitucionales durante las tareas de prevención e investigación, ni se fortalecen los controles externos o judiciales.
El nuevo modelo policial se construye en torno a la eficiencia operativa, con énfasis en el uso de tecnologías de información, reestructuración de personal y ampliación del poder jerárquico. La Dirección General de Asuntos Internos, aunque se promete más autónoma, sigue dependiendo funcionalmente del Ministerio de Seguridad, sin crear organismos verdaderamente independientes de auditoría civil o parlamentaria.
Retiro obligatorio y militares en actividad: ¿una policía de excepción?
Otro punto sensible es la facultad que se otorga al Ministerio de Seguridad para exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores e incluso reincorporar a personal retirado. Esta medida, en el contexto de una emergencia prolongada, podría derivar en una concentración de poder en sectores policiales de alto rango, con escaso recambio institucional y sin mecanismos claros de rendición de cuentas.
¿Modernización o regresión?
Aunque el decreto invoca criterios de modernización y eficiencia, su lógica parece más cercana a una militarización técnica del accionar policial, donde el combate al crimen se impone como prioridad absoluta, incluso por encima de las garantías individuales.
En tiempos de emergencia y reformas estructurales aceleradas, los límites al poder del Estado en materia de seguridad se vuelven difusos. Y cuando la reforma de una fuerza armada se hace sin debate social, con discrecionalidad administrativa y sin controles efectivos, lo que se presenta como una reorganización “técnica” puede convertirse en una herramienta para vulnerar derechos.
¿Quién controlará a la nueva Policía Federal? Esa es la pregunta que, por ahora, sigue sin respuesta.
