Postergan la declaración de Lula por tiempo indeterminado
El Ministerio Público aceptó la solicitud de darle más tiempo a Lula para declarar, hecha por el diputado Paulo Teixera, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), quien argumentó que el fiscal realizó un «juicio anticipado», al anunciar a la prensa que acusaría al ex presidente y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio sin haberlos todavía escuchado.
«Con ello, él demuestra que actuó sin el equilibrio requerido por la función de quien investiga, violando así la conducta requerida por un miembro del Ministerio Público», criticó el parlamentario, en un comunicado difundido por el PT.
La Fiscalía busca esclarecer si Lula es propietario de un apartamento en el edificios Solaris, situado en Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, que está registrado a nombre de la constructora OAS, implicada en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras.
El edificio está en el centro de las investigaciones por la corrupción en la petrolera estatal, ya que la policía sospecha que OAS distribuía pisos entre los políticos que amparaban los desvíos.
El inmueble fue construido por la cooperativa sindical Bancoop vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en 2009, tras pasar por una crisis financiera, lo vendió a la constructora OAS.
Horas después de que se conociera la postergación de la declaración, la Fiscalía de San Pablo anunció que recurrirá la decisión
Uno de los apartamentos de esa propiedad estaba reservado por la familia de Lula y llegó a ser objeto de reformas encargadas a la empresa OAS, que aún figura como su propietaria legal.
Lula admitió que su esposa, Marisa Leticia, adquirió una participación con vistas a una posible adquisición, pero afirmó que desistió de ella y solicitó la devolución de la cuota entregada, aunque todavía no ha recibido la suma.
Paralelamente, el líder del PT y ex presidente también es investigado por una finca campestre situada en Sao Paulo y que ha frecuentado en los últimos años, pero de la que niega ser propietario.
También es requerido por supuestas irregularidades y fraude en el dictado de decretos que, durante su gestión presidencial, otorgaron beneficios fiscales a empresas del sector automotor.
Horas después de que se conociera la postergación de la declaración, la Fiscalía de San Pablo anunció que recurrirá la decisión.
En una declaración que leyó ante la prensa, el fiscal Cássio Roberto Conserino, encargado del caso, precisó que el recurso servirá para investigar «los graves hechos que envuelven a personas que se consideran por encima y al margen de la ley» y argumentó que la suspensión de la declaración del ex presidente «perjudica el trámite de la investigación criminal».
El fiscal consideró imperante «obtener la urgente revisión y reversión de la decisión proferida» por la CNMP porque la investigación «respeta el reglamento» del organismo controlador. Para Conserino, el CNMP fue «inducido al error» por el diputado Teixeira.
El comunicado fue suscrito también por los fiscales Fernando Henrique de Moraes Araujo, José Reinaldo Guimarães Carneiro y José Carlos Blat.
