Peña Nieto se defiende y amenaza con usar la fuerza contra marchas por desaparecidos
“Queremos convocar al orden, a la paz; a los grupos que han incurrido en actos violentos convocarlos al orden y no hacer de este momento de pena y dolor –por el que pasan padres de familia– una bandera de otras causas, una bandera que llame a la violencia y al desorden”, afirmó el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Pese a la situación extrema que atraviesa México por la desaparición y presunto asesinato de los jóvenes, el mandatario viajó a China y Australia para participar de las cumbres internacionales de APEC y el G-20. Su gira fue muy criticada por los mexicanos y, en parte, las manifestaciones violentas contra sedes del partido gobernante se incrementaron justamente por ese hecho.
En este contexto, recién llegado de su viaje, el mandatario no se refirió a la marcha de la causa por la desaparición de los estudiantes –ni al hecho de que se siguen encontrando en el país fosas comunes–, sino a las acciones de grupos que, en el marco de las manifestaciones por la desaparición de los estudiantes, atacaron oficinas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), y afectaron actividades comerciales.
Peña Nieto sostuvo que “a quienes hay que condenar es a los criminales, a quienes hay que señalar y condenar son precisamente los responsables de estos actos (en referencia a las desapariciones)”.
“Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no pude ser a través de actos de violencia y vandalismo, y más cuando afectan a terceros”, aseguró.
Al respecto, el mandatario prometió “agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden”.
La fuerza, sostuvo, “es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo”.
Al igual que Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, insistió el viernes en distinguir entre los padres de los desaparecidos y otras personas legítimamente indignadas, y quienes han provocado desmanes “supuestamente para exigir justicia”.
“Los padres de familia y todos queremos encontrar a los jóvenes, queremos saber la verdad y que se castigue a quienes cometieron estos delitos”, manifestó.
Osorio sostuvo que en este caso el gobierno privilegió el diálogo, pero advirtió que “también el gobierno tiene una tolerancia límite, y es cuando se afectan los derechos de otros”.
Por su parte, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, afirmó tras reunirse con Osorio, que “no puede haber ausencia de autoridad, ni las autoridades dejar de cumplir sus funciones, por lo que deben hacer valer la ley”.
El presidente del Consejo Empresarial del balneario de Acapulco (estado de Guerrero), Carlos Saavedra, advirtió una “psicosis nacional” por lo ocurrido en el municipio guerrerense de Iguala el 26 de septiembre, cuando seis personas murieron y 43 estudiantes de una escuela rural para maestros desaparecieron a manos de policías locales.
Según declararon personas detenidas por la fiscalía general, los jóvenes fueron entregados por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó y calcinó en un basurero para después arrojar sus cenizas a un río. Sin novedades de los jóvenes, crece la violencia en el país.
Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y estudiantes protagonizaron protestas para que se esclarezca la desaparición de los estudiantes, en marchas que incluyeron el incendio del Congreso estatal y el ataque a las oficinas del PRI en Chilpancingo.
También se produjeron ataques a sedes de diversos partidos políticos en el estado de Michoacán y en Veracruz.
Entretanto, los padres de los estudiantes participan en una caravana nacional para informar a la sociedad sobre el caso. Los grupos confluirán el 20 de noviembre en una marcha en Ciudad de México.
