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MÁS CERCA DE LA CÁRCEL: Piden la indagatoria del secretario privado de Mauricio Macri

Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherarbide solicitaron este martes la indagatoria de Darío Nieto, el secretario privado del expresidente Mauricio Macri, y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal a políticos, empresarios, dirigentes sociales, líderes religiosos y periodistas que tramita en Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.

Lo requirieron a través de un escrito que le presentaron al juez federal Juan Pablo Augé, a quien le solicitaron, además, que cite a una veintena de exespías y a la exempleada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, para que amplíen sus respectivas declaraciones indagatorias, dado que ya habían sido convocados por el juez Federico Villena, apartado de la causa.

Se trata del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ex gobernadora bonerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el Obispo Diocesano de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Florencia Macri, hermana del expresidente, entre otras personas.

«Consideramos que los nombrados conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia», sostuvieron los fiscales en el dictamen al que tuvo acceso Télam.

«Con distintos roles, quienes componían la organización, se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales», señalaron en el texto de 129 páginas.

Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de Whatsapp identificados como «Super Mario Bros», «Grupo Pilar», «Grupo Argentina», «Grupo Las Tres» y «Grupo Cueva», según pudo reconstruir esta agencia.

Los fiscales señalaron en el escrito que las tareas de inteligencia ilícitas contra dirigentes políticos, como la diputada nacional Graciela Caamaño o los entonces legisladores oficialistas Nicolás Massot y Emilio Monzó, permiten determinar que el objetivos «se centraba en determinar los movimientos de las víctimas con el objetivo de establecer cuáles eran sus estrategias, tendencias e inclinaciones políticas en aquel momento y para ello era fundamental individualizar a las personas que frecuentaban y con quiénes se reunían».

Dentro de la estructura de la AFI, la dirección de «esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani», sostuvieron los fiscales que, además, indicaron que «se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes».

En ese lugar sindicaron a «Susana Martinengo, quien no solo se reunía con (los entonces espías) Leandro Araque y el (Jorge) «Turco» Sáez en la casa de Gobierno; sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas y a su vez transmitida a un superior, en este caso, al Secretario del Presidente de la Nación, Darío Nieto».

«Los hechos de espionaje fueron múltiples y se exteriorizaron a través de instalación de puestos de observación en los domicilios de residencia de algunas de las víctimas y/o en sus lugares de trabajo; registro de esas observaciones mediante fotografías; recolección y recopilación de información a través de la utilización de diversas fuentes (portales de Internet de acceso público, notas periodísticas, compulsas en diversas bases de datos, fuentes privadas, acceso a cámaras instaladas en los distintos puntos de observación; etc.); realización de seguimientos mediante vehículos de la propia AFI; participación encubierta en actividades de carácter político, entre otras maniobras», reseñaron los fiscales.

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