La resistencia de vecinos, militantes y legisladores impidieron desalojo en Boedo
El procedimiento judicial estaba pautado, pero hubo una gran resistencia que comenzó con una vigilia y continuó en la calle con más de 100 personas acompañando el reclamo, entre ellos los legisladores Pablo Ferreyra, Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli y Paula Penacca.
«Se suspendió el desalojo y ahora se abre una instancia de diálogo», indicó a Télam el legislador Campagnoli.
Explicó que espera que el juez convoque a la Asesoría Tutelar y la Defensoría General de la Nación «para llegar a dar una respuesta a estas familias que hoy no tienen un techo asegurado, que hace 25 años viven acá y cuya solución no puede ser un desalojo sino una vivienda digna».
«Nuestro rol es seguir acompañando este proceso, seguir acompañando a los vecinos, creemos que lo que generó que se evitara el desalojo fue la organización que los vecinos lograron, que pudieron plantar una posición común y ahora es esa posición la que tienen que seguir llevando adelante en las instancias de negociación que se construyan con el gobierno de la Ciudad intermediado por la justicia», aseguró Penacca.
«Desde que el macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires expulsa y quiere echar de la ciudad a los sectores populares», aseguró la legisladora.
Por su parte, Ferreyra afirmó que «la justicia y la Policía Metropolitana terminan haciendo el trabajo sucio en una ciudad que esta regulada por el mercado inmobiliario. Es este mercado y su voracidad es el que dictamina las políticas de vivienda».
«Macri hizo una cena con un cubierto que valía 50.000 pesos y acá quieren conformar a los vecinos con una cuota de 1.800, lo que no tiene ninguna lógica. Estos contrapuntos son los que viven los porteños, la verdadera grieta de la ciudad de Buenos Aires es la avenida Rivadavia que divide a los vecinos de primera calidad de los de segunda calidad que son los vecino pobres, para este gobierno», agregó.
«Esta grieta -continuó- hay que trabajarla con políticas públicas hacia los sectores populares» y consideró que hay un «rol de la justicia que es muy negativo» y que si se suspendió el desalojo fue «por la presión que se ejerció con vecinos, legisladores militantes y gremialistas».
“De acá no nos vamos a ir. Somos 37 familias que llegamos acá con el boca a boca. Yo vivía con mi madre y seis hermanos y pagábamos un alquiler hasta que no pudimos pagarlo más y llegamos a este lugar hace 25 años», había dicho Roldán más temprano a Télam.
Explicó que desde 1984 acudió en varias oportunidades al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), pero jamás tuvo una respuesta.
Asimismo, manifestó que los vecinos reclaman «que alguien se haga cargo de las 37 familias y 70 chicos que pueden quedar en la calle» y ratificó que el gobierno porteño lo único que les ofreció fue «un subsidio de 1.800 pesos», pero «con esa plata nadie vive en ningún lado».
Los legisladores y más de 100 vecinos participaron durante la noche de una vigilia para acompañar el reclamo de los habitantes del inmueble y evitar que la Policía Metropolitana lleve adelante el desalojo.
Su reclamo sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 46 para incorporarse en calidad de «Amicus Curiae» (amigo del Tribunal) a la causa.
Roldán explicó que la casona en cuestión fue ocupada por más de 100 personas sin techo después de permanecer algún tiempo vacía tras el cierre de un colegio de la colectividad judía que funcionaba allí.
Y si bien hasta el 2001 no recibieron reclamos de los propietarios del lugar, ese año los nuevos dueños iniciaron una causa por desalojo que ya produjo distintas órdenes de desocupación que fueron oportunamente frenadas por recursos de amparos.
La orden de desalojo había sido dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°46 a cargo del juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria.
