Funcionarios judiciales salteños estarían involucrados en adopciones ilegales
El caso de adopciones ilegales en la Capital salteña y la localidad de Metán denunciado hace dos años en la Cámara de Diputados de Salta amenaza con involucrar a altos funcionarios judiciales y convertirse en el mayor escándalo de la justicia provincial en los últimos 30 años.
Según confiaron voceros a Nuevo Diario de Salta, los fiscales penales 2 y 5, Marcelo Rubio y Máximiliano Troyano, ya habrían comenzado con las primeras imputaciones penales que alcanzarían a jueces, defensores y fiscales, tras obtener una carga probatoria contundente.
Entre los cinco delitos penales sumados, figuran la posible comisión de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, supresión y suposición de estado civil y de identidades de las personas” e incluso no se descarta la imputación de “asociación ilícita”, acusación que permite sospechar de un accionar mafioso.
El caso de las adopciones había sido develado hace dos años en una sesión de diputados, cuando el diputado Pedro Sández expuso la irregular situación de los procesos adoptivos a partir de las declaraciones realizadas por el secretario Tutelar de la Corte de Justicia, Ernesto Douthat.
Este funcionario, entre otras irregularidades, puso de manifiesto la enorme brecha que registraban las adopciones en la Capital salteña y Metán, como así también una serie de irregularidades en los trámites legales que se exigen para las adopciones.
Douthat puso así en dudas más de 100 procesos de adopciones, hecho que llevó a Sández a tratar el tema ante sus colegas, quienes decidieron poner al tanto de la situación a la Corte de Justicia, puesto que en las tramitaciones aparecían sospechados, al menos, dos jueces.
De este modo, a fines del año 2013, la Cámara baja salteña remitió un informe al Procurador General, Pablo López Viñals, en el que se hacía mención a supuestas irregularidades en el proceso de adopción de niños en el juzgado de la ciudad de Metán, entre los años 1997 y 2008.
De acuerdo faculta el Código Procesal Penal de Salta de disponer la actuación conjunta de dos o más fiscales en un determinado hecho a investigar, la Procuración asignó a los fiscales Rubio y Troyano a llevar adelante las diligencias en torno a esta causa, quienes esta semana difundirán a los imputados. (InfoGEI)
