Carzoglio se negó a adulterar el debido proceso, como se mantuvo firme respetando el principio de inocencia y como no dio el brazo a torcer en su independencia judicial. Esto, bajo la presión interna del fascismo judicial, le valió ser apartado de sus funciones de magistrado y llevado ante un jury por no encarcelar los líderes sindicales de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano.
La prensa se prepara para un espectácularización política de la Justicia, con la absoluta impunidad de la crisis provocada por el fascismo en Argentina, sobre la institución pilar de la República.
El juez de garantías del Polo Judicial Lanús-Avellaneda, Luis Carzoglio, suspendido en sus funciones desde agosto de 2019 tras rechazar un pedido de detención de los sindicalistas camioneros Hugo y Pablo Moyano, se verá ante el jury de enjuiciamiento el próximo 27 de febrero de 2023.
En diálogo con IB24, respecto de esta situación, dijo: «el primer hecho que me adjudican es el de la doctora, Adriana Cecilia Coliqueo, presidente del Colegio de Abogados de Avellaneda, Lanús, en cuanto en principio habría incumplido con una resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para aceptar un amparo, ése sería el primero.
El segundo hecho son los contenidos en la denuncia de la Procuración General, esos hechos son los siguientes: primero, allanamientos irregulares a la causa que se le siguió a ELIO FERNÁNDEZ, el REY DEL CORTE, incompetencia mostrada en el ejercicio de sus funciones, comisión de graves irregularidades en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, en la actuación CJ138-12 y también la SJ413/2017, esto que se me adjudica es abuso de autoridad, ilegalidades en el trámite incidental de Hábeas Corpus, interpuestos en favor de detenidos alojados en las comisarías de Avellaneda, falsificación de documento público, expediente CJ22/10 y su acumulado, 28/11 requerimiento del artículo 300 del Código de procedimientos en lo Penal» detalló Cazorglio, a la vez que agregó sobre las imputaciones en su contra «el incumplimiento 2261 en cuanto al deber de discreción a las declaraciones públicas que surgen del sumario CJ22/10 y su acumulado 28/11, eso en virtud de una entrevista que me hizo Mauro Zeta, oportunamente, respecto de la cual vamos a desvirtuar en su oportunidad. Otro hecho que se me adjudica es el de utilización de expresiones de caracter violento respecto de la doctora Musitani, fiscal de la UFI 4 alrededor del 2011, del Polo Judicial Avellaneda, respecto de esta doctora en particular y del personal a su cargo en general, comisión de hechos incompatibles con la austeridad y dignidad que el cargo judicial impone, también todo surgiría de la actuación CJ22/10 y la acumulada del 28/11» explicó a IB24 el juez Carzoglio.-
Otro hecho más que se le imputa al juez garante, conforme lo informado por él a nuestro medio es «denuncia interpuesta por los representantes de los Colegios de Abogados de Avellaneda, Lanús, en la actuación SJ 436-18 y en la formulada por el doctor Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en la actuación SJ 462-18; bueno estos son todos los hechos que se me adjudican».-
En la entrevista a IB24, el juez garante, advirtió «que todos y cada uno de los hechos serán rebatidos y desvirtuados con las pruebas testimoniales que se hagan en las audiencias y con lo que manifieste tanto, el doctor Raidan, mi abogado como yo cuando me toque el turno de declarar, porque voy a declarar ante el jury.
Todas estas imputaciones surgen de problemas internos que tuvo mi juzgado a raíz de una falla en uno de sus funcionarios y también de mis problemas en relación con una Fiscalía del Polo Judicial Avellaneda Lanús, sobre la cual me expediré en la audiencia de debate, que va a traer algo de cola» concluyó.
El Jury tendrá lugar en la Sede del Subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Edificio Alberto Balestrini, ubicado en calle 7 y 49 de la ciudad de La Plata. En el mismo, se realizarán las audiencias entre el Lunes 27 de Febrero y el Viernes 3 de Marzo de este año, a partir de las 9 de la mañana de cada una de las jornadas indicadas. El juez lleva suspendido tres años, con un recorte a su salario que acumulado, suma un total de 8 millones de pesos.
LOS APRIETES DEL MACRISMO
Cabe recordar que Carzoglio, cuando titular del Juzgado de Garantías número nueve de Avellaneda, denunció pública y judicialmente, durante el gobierno de Mauricio Macri, a dos agentes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano quienes habiendo concurrido al despacho oficial del juez, pidieron deliberadamente la detención arbitraria de Hugo y Pablo Moyano, padre e hijo, respectivamente, dirigentes del sindicato de Camioneros. Ocasión en la que además, sin tapujos, extendieron al magistrado, un «borrador» de resolución para que el juez firmara. Ese documento será aportado al proceso que le iniciaron a Carzoglio; quien en esa circunstancia, el magistrado se negó a cumplimentar, haciendo caso omiso a las pretensiones de la gestión nacional macrista.
Los funcionarios enviados a cumplir con ese cometido, Di Pasquale y De Stéfano, ambos con designaciones de cargo por la presidencia de Mauricio Macri, mediante la dirección ejercida por Cambiemos, a través de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en AFI; admitieron la concurrencia al despacho del juez de Garantías, pero se negaron a lo descritpto por Carzoglio sobre el documento -borrador- de la resolución para detener a los dirigentes gremiales. Consecuentemente, el juez federal Ariel Lijo, sobreseyó a ambos agentes.
Tras lo sucedido, el juez Carzoglio fue suspendido de sus funciones. Como antecedente de su labor judicial, hay que mencionar que el propio magistrado expuso ante el sistema de Justicia, sus reclamos por cuestiones como el cumplimiento del plazo razonable para los juicios, tal lo establecido en la Constitución provincial de Buenos Aires.
