El conflicto de poderes en Venezuela amenaza con profundizarse
La Mesa de la Unidad Democrática opositora basó su ofensiva en un conjunto de proyectos de leyes y declaraciones, además de haber comenzado a debatir públicamente sobre las formas legales de destituir al presidente Nicolás Maduro.
Mientras tanto, el chavismo contraatacó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró que «se mantiene irrevocablemente incólume» el decreto de emergencia económica emitido por el mandatario y vetado por el parlamento en uso de sus facultades constitucionales.
La Asamblea aprobó en primera discusión un proyecto de ley destinado a devolver al Banco Central de Venezuela (BCV) la autonomía que le confiere la Constitución y que Maduro le quitó por decreto el 30 de diciembre pasado. El texto pasó a comisión y deberá debatirse por segunda vez antes de convertirse en ley.
También sancionó una resolución que declaró al país en emergencia alimentaria debido a la «crisis de abastecimiento», tal como dos semanas atrás lo había hecho en materia sanitaria a raíz del desabastecimiento de remedios e insumos médicos que fuentes políticas y farmacéuticas estimaron entre 65 y 80 por ciento.
Voceros de la oposición comenzaron a hacer públicas sus preferencias por algunas de las vías legales para destituir a Maduro
En la declaración aprobada este jueves, el parlamento solicitó al gobierno que presente un plan de abastecimiento de alimentos, insumos agrícolas y agroquímicos para garantizar la producción, y subrayó su preocupación por las alrededor de 300 empresas alimentarias estatizadas que, según la mayoría opositora, actualmente no producen.
Además, exigió que el Instituto Nacional de Estadística (INE) del BCV vuelva a publicar todos los meses los índices de precios y de escasez, que desde hace más de un año no se divulgan con regularidad ni en forma actualizada, y pidió a la FAO y a la Unicef que envíen equipos a Venezuela para verificar la situación.
Asimismo, admitió para su tratamiento dos proyectos de leyes: uno destinado a incentivar la producción a través de un conjunto de medidas que incluyen la recuperación de unas 1.200 empresas estatizadas y la siembre de cuatro millones de hectáreas improductivas, y el otro, para mejorar los haberes de jubilados y pensionados mediante tickets de compra que les permitan adquirir alimentos y medicamentos.
Paralelamente, la Sala Constitucional del TSJ, por unanimidad de sus siete miembros, declaró que «se mantiene irrevocablemente incólume» la vigencia del decreto de emergencia económica que Maduro dictó el mes pasado y que la Asamblea vetó por considerar innecesario y por temor a que, en uso de esas atribuciones, el mandatario dispusiera un corralito bancario.
Sobre la base del artículo 27 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, los jueces interpretaron que los diputados debieron iniciar el tratamiento en las 48 horas posteriores a la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, pese a que el artículo 339 de la Constitución les confiere taxativamente ocho días para hacerlo.
En tanto, voceros de la oposición comenzaron a hacer públicas sus preferencias por algunas de las vías legales para destituir a Maduro, después de que el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, anunciara el mes pasado que la MUD se tomaría seis meses para escoger la «salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno».
Ramos Allup explicó entonces que, entre las vías legales posibles, la MUD analizaba optar entre el referendo revocatorio, una enmienda constitucional, el llamado a una asamblea constituyente y la renuncia voluntaria de Maduro.
El secretario general del partido La Causa R, José Ignacio Guédez, afirmó el jueves en conferencia de prensa que «no hay mejor propuesta» para remover a Maduro que una enmienda constitucional.
El gobernador de Miranda y hombre fuerte del partido Primero Justicia, Henrique Capriles, propuso ayer recurrir simultáneamente a una enmienda y a un referendo revocatorio porque, explicó, la primera de esas dos alternativas «será obstaculizada por el TSJ», que «no tiene argumentos posibles» para hacerlo con la consulta.
Por otra parte, el conflicto de poderes amenaza profundizarse la semana próxima, pues la Asamblea tiene previsto sumar a la agenda el tratamiento de la escasez de generación de electricidad a raíz del antiguo deterioro de la infraestructura, a lo que se sumó en los últimos meses una gran sequía.
Los diputados opositores planean interpelar al ministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta Domínguez, quien este miércoles dispuso que los centros comerciales no podrán utilizar electricidad de la red de 13 a 15 y de 19 a 21, lo que, según fuentes políticas y empresariales, pone en riesgo la estabilidad de 40.000 empleos directos.
Ocho expertos nucleados en el Grupo Ricardo Zuloaga aseguraron en un documento que la crisis eléctrica actual es peor que la de 2009 y uno de ellos, Miguel Lara, sostuvo en conferencia de prensa que la situación vigente «no tiene justificación, dadas las inversiones económicas y las alertas tempranas que se realizaron desde distintos sectores».(Télam)
