Córdoba: municipios en crisis, protestas gremiales, denuncias por corrupción y empleados precarizados
Distintas localidades presentan conflictos salariales respecto a los empleados municipales. Ya sea por la motosierra de Javier Milei, o por irregularidades y denuncias de corrupción, los intendentes se ven acorralados por las presiones populares.
Este martes 16 de septiembre, una amplia movilización tuvo lugar en Río Segundo, ciudad corazón de la provincia de Córdoba, que viene siendo noticia por denuncias por corrupción que han trascendido a nivel nacional. La gestión del intendente Darío Chesta es señalada por no cumplir con los pagos a empleados municipales en tiempo y forma, y -encima- precarizar a los trabajadores bajándoles las categorías. Es decir, aquellos que eran empleados jornalizados, bajaron a becarios, una figura que no se enmarca dentro de la ley por lo que los trabajadores estarían en negro. También, muchos fueron obligados a pasar a ser monotributistas. Otra de las críticas del secretario general de empleados municipales, Jorge Martín, es que hace mucho tiempo que no hay empleados que pasen a planta permanente. Por esa razón, decidieron realizar el “plenario de secretarios generales” a inmediaciones de la Municipalidad de Río Segundo, en donde acompañaron delegaciones de Alta Gracia, Río Ceballos, entre otras, que con bombos y platillos hicieron retumbar el día gris de una ciudad que pocas veces toma el espacio público para hacer cumplir sus derechos.
Fueron aproximadamente 200 personas las que se congregaron en la intersección de las calles Julio A. Roca y San Martín, casco céntrico conformado por la iglesia, la municipalidad y una plaza importante. Allí, cantaron: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y gritaron contra la corrupción y la comodidad de los trabajadores que -en situaciones de privilegio como la permanencia- no se solidarizaron con los que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Jorge Martín, secretario general, hizo hincapié en lo difícil que es llegar a fin de mes, “algunos trabajadores tienen miedo de ser desalojados por no poder pagar los alquileres”, y los intereses de las tarjetas. También existieron críticas a lo que consideran un sorpresivo enriquecimiento del gabinete municipal: “Llegaron en bicicletas al gobierno y hoy los vemos en autos, camionetas, con muchas casas y propiedades en general, no se explica”- apuntaron distintos trabajadores, muchos de ellos jubilados, que asistieron en apoyo a los trabajadores activos del municipio.
Esta situación en Río Segundo estalla en un contexto de meses de sucesivas denuncias -principalmente mediáticas- como fue la elaborada por el periodista Tomás Méndez, respecto a la obra de una plaza por un valor de 700 millones de pesos que aún no está siendo finalizada aunque avanza, mientras los empleados no cobran sus salarios. También existen denuncias sobre viviendas no realizadas otorgadas por el gobierno de Alberto Fernández, y recientemente en un programa de streaming llamado “El Avispero”, se mencionó lo que podría configurar una asociación ilícita entre el tesorero municipal y su esposa, una psicóloga que habría facturado 161 millones de pesos al municipio por supuestos tratamientos a niños en edad escolar.
Todos estos ingredientes fueron el combustible perfecto para un enojo popular que viene creciendo lentamente pero de forma constante, y que hasta ayer era visible solamente a través de las redes sociales o el “boca en boca”.
Una denuncia que duerme en la fiscalía de Alta Gracia
Tal como informó Infobaires24 en reiteradas ocasiones, tras la denuncia periodística de Tomás Méndez, la fiscal Patricia Baulíes pidió el allanamiento de la Municipalidad de Río Segundo, donde -según trascendió- los agentes pudieron extraer muchas cajas que podrían resultar pruebas de estas irregularidades. Pero el intendente Darío Chesta eligió como abogado penalista al exmarido de esta fiscal, lo que derivó en un cambio de jurisdicción hacia la fiscalía de Alta Gracia, para evitar “conflicto de intereses”.
En la ciudad de Alta Gracia, el fiscal a cargo es Alejandro Peralta Ottonello, que al día de la fecha no ha dado ninguna señal de avance, y no responde a los llamados de los periodistas que intentan conocer el estado de la causa.
En una provincia con rasgos feudales y donde se sospecha que el Poder Judicial recibe el peso pesado del pie político de Llaryora, habrá que ver si después de las elecciones de octubre hay alguna novedad. O si en cambio, tal como reza el slogan de Schiaretti, “Juan es Córdoba”, y se sigue profundizando el oscurantismo y los nombres propios son más fuertes que la verdad y la justicia.
