
Condena por la apropiación de un nieto recuperado, «es un delito de lesa humanidad»
A los 91 años Cecilia Fernández tiene una sonrisa amplia y una mirada dulce. Es bajita, usa lentes y recibe abrazos por doquier. Tras haber escuchado la condena de seis años de prisión a Ana María Grimaldos, la mujer que se apropió de su nieto, Javier, Cecilia habló con Infojus Noticias. “La condena la tiene en el alma esta señora”, dijo por Grimaldos. Con lágrimas en los ojos, habló sobre su nieto: “Para él yo creo que esto debe ser sanador, liberador. Debe sentir lo que sentimos todo: dolor, sanación y justicia”.
Javier, de 37 años, casado y papá de dos chiquitos, no estaba junto a ella. Entró y se fue de la sala junto a Grimaldos, su apropiadora. La mujer es esposa de Jorge Vildoza, represor de la ESMA, y prófugo en la causa. Su familia sostiene que falleció en 2005, en Sudáfrica, bajo otra identidad, pero nunca aportaron pruebas fehacientes que lo acrediten, por lo que para la justicia argentina sigue prófugo.
Durante la breve audiencia en la sala AMIA, donde se leyó el veredicto, Javier estuvo sentado apenas detrás de Grimaldos. Su conducta no llamó la atención. A lo largo de todo el juicio estuvo demostrándole su apoyo y su declaración, a pedido de la defensa, fue para marcar que la responsabilidad de su apropiación era de Vildoza y no de ella.
Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que fue querellante en el juicio, consideró que “la pena fue la mitad de lo que solicitamos y creemos que es desproporcionada, pero rescatamos el proceso en sí, la condena en sí”. Sobre el rol de Grimaldos, detalló que “ella fue plenamente responsable de sus actos, así como Vildoza es responsable y está prófugo”. “Ella también es responsable y que esto haya sido establecido por un Tribunal, con todas las garantías, esperamos que marque un punto de quiebre en esta historia”, agregó. También sostuvo que la condena es “un reconocimiento para una familia que luchó tanto”. Y agregó que espera que la condena “sirva para que, en un futuro, Javier vea las cosas desde otro lugar”.
La supresión de identidad, un delito gravísimo
El fiscal de juicio fue Horacio Azzolin, que hoy no pudo estar presente, por lo que lo reemplazó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. En diálogo con Infojus Noticias, Parenti resaltó “en primer lugar que se haya probado el hecho, que una sentencia afirme la responsabilidad y también que se haya demostrado que es un delito de lesa humanidad”. En sus alegatos, la defensa había intentado demostrar que no se trataba de un delito de este tipo, algo que dio por tierra el Tribunal Oral en lo Criminal Nª 4, a cargo de este juicio, que desestimó la posibilidad a poco de empezar la lectura del veredicto.
Sobre la pena, Parenti consideró que el delito de apropiación de menores y supresión de identidad, “son los más graves que uno se puede imaginar dentro de esta especie de delitos. La escala tiene 15 años de prisión, bueno debería estar en el tercio superior”. Y agregó “sentimos la frustración de la condena que nosotros creemos que tiene el hecho, pero de todos modo. Pero ya es reparador”.
Carlos Viñas, el hermano de Cecilia, también se refirió a la satisfacción de que haya habido una condena. “Estamos conformes porque fue una condena. Es la condena mínima que no nos permiten apelarlo, pero quedó claro que es un delito de lesa humanidad y que ella fue partícipe”, explicó a esta agencia. “Siempre a uno le parece que es poco porque robar a un ser humano de la panza de la mama es grave, como cambiarle la identidad, pero nosotros nos sometemos a la justicia y estamos felices de que haya habido una condena”.
Sobre el final, su mamá, Cecilia, reflexionó sobre los nietos que faltan ser restituidos. “Los nietos que nos faltan encontrar son los desaparecidos que siguen desaparecidos, hasta que les den la libertad de ser ellos mismos”. Y resaltó la importancia de que los jóvenes se hagan los análisis de ADN. “Es dolor, sanación y justicia”, insistió.(infojus)