Acuartelamiento en Santa Cruz: el fiscal prepara una denuncia penal

Mientras el autoacuartelamiento de parte de las fuerzas policiales de Caleta Olivia y Río Gallegos, Santa Cruz, en reclamo de aumentos salariales atraviesa su segundo día, el fiscal de estado Dr. Iván Fernando Saldivia prepara una denuncia penal por el delito de presunta sedición.

“Por instrucción del poder ejecutivo provincial trabajamos en una denuncia por el delito de presunta sedición contra los policías acuartelados. Una vez presentada antes el juzgado federal de Río Gallegos, será el mismo el que deba investigar y decidir si el delito se está llevando a cabo”, dijo el fiscal Saldivia. Y agregó “Nosotros cumplimos con presentar la denuncia ante lo sucedido y es responsabilidad del juzgado determinar la si el delito existe y las penas correspondientes”.

El conflicto comienzó ante la negativa del gobierno provincial de dar un aumento del 25% a las fuerzas policiales. Tras el abandono de funciones de parte de los efectivos, el gobierno provincial solicitó el envio de gendarmes y prefectos. En Caleta Olivia, donde 4 de las 5 comisarías se plegaron la protesta, aún esperan la llegada de 200 gendarmes.

Alejandro Ojeda, policía de Caleta Olivia y vocero de los efectivos acuartelados dijo sobre la denuncia de la fiscalía que “están en su derecho de hacerlo, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de reclamar lo que nos corresponde. El diálogo está cerrado en este momento, pero porque ellos no tienen capacidad de diálogo”.

Por otro lado, Horacio Contreras, presidente de la Asociación Policial dijo “Realmente no nos gustaría tener ningún efectivo procesado por este reclamo, pero nosotros les advertimos lo que podía pasar de hacerlo de esta forma y la denuncia por presunta sedición es parte de las consecuencias de la medida que llevan a cabo.”

Y agregó que ellos están “en contra de la medida de fuerza tomada por un sector de la policía que actua por fuera del espacio de dialogo que se logró con la creación de una mesa de negociación con el gobierno. Casualmente, son el sector que respondé a la fuerza que perdió las elecciones de la Asociación Policial recientemente. Creemos que no es la forma de reclamo y que es una discusión que debe mantenerse en el ambito que se logró con el gobierno”.

El artículo 252 del Código Penal prevee multas de entre 0 y .500 e inhabilitación de entre un mes y un año para el funcionario que abandone el servicio sin renunciar.

Ojeda, suboficial escribiente, dijo además que “ellos entregaron un petitorio para hacer saber a la jefatura sus pedidos. Un agente gana alrededor de 12 mil pesos y cualquier alquiler está encima de los 4 mil, no recibimos uniformes hace más de 3 años”. También exigen ser recibidos por el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta para negociar una solución a su reclamo.

En declaraciones radiales, el ministro de gobierno Gustavo Martinez dijo que detrás del conflicto “reclamo político interno” y apoyó la denuncia presentada hoy: “el fiscal de Estado de la provincia inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición y se entregó la nómina del personal autoacuartelado”.Además agregó “La policía en Santa Cruz cuenta con 5 mil efectivos, en 20 localidades. De ese total, unos 250 efectivos efectúan la protesta. El 90% de la Provincia no se ha plegado al reclamo”.

En conferencia de prensa el jefe de Gabinete Jorge Capitanich dijo que quienes llevan adelante esta medida “incurren en un delito de sedición, que debe ser investigado por fiscales de la república. Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe salvaguardar la seguridad pública”

Ojeda agregó “No somos delincuentes, amamos nuestros uniformes. Somos policias”.
Este conflicto se da a poco menos de un año de la rebelión policial que derivo en saqueos y violencia que afectaron a diversas ciudades de varias provincias en diciembre de 2013.