San Luis demandó al Estado nacional por la eliminación de las AFJP
Según consignó Tiempo Argentino, la provincia de San Luis le reclama judicialmente al Estado nacional los «daños y perjuicios» que dice haber padecido como consecuencia de la eliminación del sistema de jubilación privada, decidida por el gobierno en octubre de 2008. La provincia puntana era accionista de una AFJP y, si bien poseía poco más de un 4% del paquete, reclamó ante la Corte Suprema la compensación por más de un millón de pesos más el valor de las acciones y todos los gastos que le generó el regreso del sistema previsional a manos del Estado.
La Corte rechazó intervenir como tribunal «originario», es decir, como instancia única. Pero envió el reclamo de San Luis a una jueza en lo contencioso administrativo federal para que sea en ese fuero donde se resuelva la cuestión. Es la primera vez que una provincia demanda a la Nación objetando tácitamente la decisión política de terminar con el sistema jubilatorio heredado de los ’90 y pretendiendo una reparación económica por ello. Después de más de tres años de estar paralizado, el expediente volvió a moverse en los últimos días. La Corte lo desempolvó y lo mandó a otro tribunal para que decida si San Luis y sus socios privados tienen derecho a un resarcimiento millonario.
Según documentación a la que tuvo acceso Tiempo, San Luis pretende el «pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la entrada en vigencia de la Ley 26.425 de Sistema Integrado Previsional Argentino y las normas concordantes». El planteo –que fue firmado por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, el fiscal de Estado y un cuerpo de abogados encabezado por el ex juez de la Corte y ministro de Justicia del menemismo Rodolfo Barra– se basa en que la provincia era titular del 4,34623% del capital accionario de «Profesión + Auge AFJP SA».
La derogación del régimen de las AFJP, argumentó San Luis, le causó «daños significativos», que enumeró «en las erogaciones que se ha visto obligada a afrontar, tales como indemnizaciones del personal en relación de dependencia, gastos corrientes y no corrientes realizados por la sociedad en etapa de disolución, servicios públicos e impuestos correspondientes a los inmuebles, gastos por licencia de software, sueldos y cargas sociales que continuaron pagándose, gastos de vigilancia, telefonía y correspondencia, mantenimiento operativo y honorarios profesionales de asesores, entre otros». Por ese rubro, reclama 1.032.344,72 pesos, «que equivale a la parte proporcional de la provincia, según sus tenencias accionarias, sobre el daño emergente provocado a Profesión + Auge AFJP SA, calculado al 30 de junio de 2009».
Pero además, la provincia «pretende que se le indemnice el valor en dinero que representaban las tenencias accionarias del Estado provincial antes del anuncio público de la eliminación del sistema de capitalización».
Los socios de San Luis en la AFJP también reclaman un resarcimiento. La lista de accionistas es larga; figuran en ella, entre otros, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Salta, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Misiones; mutuales del Ejército y la Fuerza Aérea y el Banco Supervielle. Todos ellos litigan en conjunto en una causa identificada con el número 32908/2010, que tramita ante la jueza en lo contencioso administrativo federal número 3, Claudia Rodríguez Vidal.
Pero San Luis es una provincia demandando al Estado nacional. Cuando ello ocurre, el tribunal que debe intervenir como «competencia originaria» es la Corte Suprema. Sin embargo, en su último acuerdo el máximo tribunal rechazó intervenir, por lo menos en esta etapa. Con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt, y desoyendo la opinión de la procuradora general adjunta Laura Monti, la Corte entendió que «la provincia de San Luis se despojó de su carácter soberano y tomó el de un particular, siendo este el principio que se aplica a todo caso en que el gobierno llega a ser partícipe en una compañía de comercio». En otros términos, la provincia actuó como un socio privado en un negocio como el de las AFJP.
Ahora, el reclamo provincial se «acumuló» con el que tramitaba en el juzgado de Rodríguez Vidal. El último movimiento registrado en ese juzgado data del 13 de julio de 2011, cuando la Corte le pidió el expediente para analizar el planteo de San Luis. También en 2011 la Procuración emitió dictamen. Después de más de tres años en las tinieblas, el expediente volvió a salir a la luz.
Fuente: Tiempo Argentino
