Edgardo Rovira: Crónica de una muerte anunciada
Durante los últimos meses hemos visto con intranquila naturalidad policías golpeando maestros, fuerzas de seguridad irrumpiendo en Instituciones educativas, policías deteniendo estudiantes, cientos de efectivos filmando y fotografiando sin autorización a menores de edad. Estos hechos definen con cierta precisión una de las tantas modalidades que se vale el estado bajo el poder de Macri para ejecutar su política represiva que el gobierno necesita para imponer su ajuste.
En el último informe de la Correpi de 2016, se advierte sobre una tendencia creciente de casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias de personas y muertes en comisarías, además de abuso autoridad, intimidación, violación de garantías constitucionales y derechos civiles básicos. Recordemos que la semana pasada, el Comité contra la Tortura de la ONU mostró su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en la Argentina, denunció torturas, presos políticos y represión en diferentes ámbitos y establecimiento.
Recordemos que la semana pasada, el Comité contra la Tortura de la ONU mostró su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en la Argentina
Un ejemplo del cambio de paradigma en las Fuerzas de Seguridad que se dio con la llegada de Cambiemos al poder, es el nombramiento por parte de la Gobernadora María Eugenia Vidal del nuevo Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Perroni, quien estuvo detenido por casos de tortura y se jacta de ser un policía “gatillero”. Desde la Casa Rosada se baja una política “preventiva” del delito y del control de la protesta civil adjudicando al estado un carácter omnisciente y omnipresente, con permisos y recursos a policías para operar como los viejos “grupos de tareas”.
Un ejemplo, el nombramiento por parte de la Gobernadora María Eugenia Vidal del nuevo Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Perroni, quien estuvo detenido por casos de tortura y se jacta de ser un policía “gatillero”
Es evidente el cinismo que plantea el Gobierno de Cambiemos desde los medios hegemónicos de comunicación, cuando por un lado pregonan el diálogo pero después sueltan a las “bestias” policiales para que golpeen a maestros o encapuchen estudiantes.
Todos los actos represivos o de intimidación son digitados desde el poder político. Esos actos se han incrementado, sobre todo en los sectores juveniles y de trabajadores de la educación. Otra vez el “Fantasma de Fuentealba” sobrevuela las luchas docentes, otra vez los “bastones largos” para adoctrinar estudiantes.
Hagamos un recuento de los graves hechos que se han sucedido sin denuncia real de la sociedad:
El jueves 18 de mayo, en Berisso, alumnos de la Escuela Media N°1 Carlos Fuentealba, fueron a reclamarle al Intendente Jorge Nedela los importantes problemas edilicios que tiene la escuela (se inunda, no tiene estufas ni ventas). La respuesta de la Gobernadora Vidal y la del Intendente Nedela, fue mandar policías sin identificación ni orden judicial a reprimir a los alumnos. .
El miércoles 17 de mayo, la policía irrumpió en la Escuela Superior Antonio Mentruyt (ENAM) de Banfield, conocida por ser la Escuela de la llamada “División perdida”. Policías llegaron es móviles sin patentes y efectivos sin identificación, entraron sin autorización al colegio portando armas. El objetivo de la Policía fue llevarse detenidos a dos estudiantes menores de edad sin causa ni orden judicial. Antes de ese avance de las fuerzas de seguridad en la Escuela, uno de esos menores había sido subido a un patrullero encapuchado, hostigado, humillado, golpeado y amenazado. Obligado a “cantar” y denunciar a sus compañeros de clase.
El 12 de mayo, la Policía copó los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora mientras se realizaba el cierre de votos de las elecciones estudiantiles. Si bien las fuerzas de seguridad no ejercieron ningún tipo de violencia, ni represión, la actitud fue la de amedrentar a los estudiantes, aunque las fuerzas habían sido solicitadas por la autoridades de la Universidad.
El 8 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, un grupo de policías, también sin identificación –uno de civil-, quiso requisar a estudiantes que estaban en la puerta de la Escuela Secundaria N°12 “Eduardo Wilde”, en el Partido de San Martín. Un docente que los filmó e intentó intervenir, fue violentamente detenido por efectivos de las fuerzas de seguridad presentes.
El 21 de abril, en la Escuela Técnica N°27 del barrio de Monserrat de CABA, durante una sentada en el interior del colegio, un oficial de la Policía de la Ciudad ingresó al establecimiento armado. Alumnos del establecimiento denunciaron que en los días anteriores hubo movimientos sospechosos de efectivos policiales alrededor de la Escuela.
El 20 de abril, en el colegio Mariano Acosta, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, la Policía de la Ciudad intimidó a los alumnos mientras realizaban una clase pública junto a docentes y padres en el marco del conflicto nacional docente. Dichos alumnos y docentes fueron vigilados durante toda la jornada. Ya por la tarde, con los alumnos del turno tarde en las aulas, un policía armado ingresó al colegio.
El 12 de abril, un fuerte operativo de la Policía de Jujuy entró de manera ilegal al predio de la Faculta de Ciencias Agrarias de la UNJu situado en el barrio Los Naranjos, interrumpiendo el festejo de “bautismo” de los primeros años de dicha institución. Durante ese procedimiento fueron detenidos sin orden judicial y de manera violenta, Joaquín Quispe, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y también el estudiante Ignacio García. Además, los uniformados amenazaron al resto de los estudiantes que estaban en el lugar filmando lo que sucedía. Fue la segunda vez que la Policía ingresó a detener jóvenes en la UNJu, violando la autonomía universitaria.
El 12 de abril, alumnos de la Escuela Municipal Paula Albarracín de Sarmiento de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires, se concentraron frente al edificio de la municipalidad en repudio de la represión que sufrieran los docentes el domingo 9 en la Plaza del Congreso. Policías de la comuna los amedrentaron, les sacaron fotos y los filmaron. Cuando algunos chicos se acercaron a la patrulla municipal para preguntarles a los agentes si tenían la orden de un juez de menores para fotografiarlos, contestaron que tenían “la orden del Municipio”. Terminada la concentración, algunos estudiantes denunciaron haber sido seguidos por los policías, que continuaron sacándoles fotos en el camino. Frente a esta situación, un grupo de padres presentó un pedido de informe en el Consejo Deliberante del municipio, ese pedido fue denegado por los 14 concejales de Cambiemos, que son mayoría en el recinto.
El 9 de abril, efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre docentes que levantaban, con autorización del GCBA, la “Escuela Itinerante” como método de lucha y visibilización del conflicto nacional docente. El impresionante operativo policial golpeó, tiró gas pimiento y detuvo a 4 maestros.
La capacidad represiva del Estado crece cuando no tiene controles ni resistencia
La capacidad represiva del Estado crece cuando no tiene controles ni resistencia. Pero más allá del acto del 10 de mayo que fue realmente contundente y dejó en claro que la Argentina no permitirá el “Terrorismo de Estado” ni la violación de los DDHH, todos los días somos testigos de la represión que ejerce el Estado.
Sin resistencia ni movilización contra cada uno de los hechos arriba presentados, agigantan el poder represor de Macri. Debe quedar en claro que somos más fuertes que el miedo, o el poder quedará en manos de pocos pero eficaces conductores de una sociedad asustada por el vértigo político de los poderes fácticos.
Si no nos oponemos, si no obligamos a que el Estado ate a las bestias de la patota Policial, deberemos lamentar la muerte de algún alumno, de algún docente y entonces podré decir sin error y con mucha tristeza que esa fue otra “crónica de una muerte anunciada”.
