Declaran inconstitucional la consulta independentista en Cataluña
El Tribunal Constitucional español declaró ayer inconstitucional la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña que se celebró el 9 de noviembre de 2014 en la región española, pese a que había sido prohibida.
La consulta sustituyó a otra de carácter oficial convocada por el gobierno catalán del presidente Artur Mas para la misma fecha y que también había sido vetada por el alto tribunal.
En la sentencia, el Tribunal declara «inconstitucionales las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relacionadas con la preparación del llamado “proceso de participación ciudadana” del 9 de noviembre del año pasado.
Los magistrados aseguran que esas actuaciones puestas en marcha tras la «suspensión cautelar» del decreto de convocatoria de la consulta popular, fijada para la misma fecha, están «viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional”.
En febrero de ese mismo año, el Tribunal había declarado nula la consulta independentista convocada oficialmente por decreto por el gobierno regional para el 9 de noviembre (9N), por lo que el presidente catalán impulsó la realización de otra de carácter simbólico para la misma fecha aunque no formalizó el llamado a las urnas.
Pero el gobierno central del conservador Mariano Rajoy impugnó la iniciativa ante el Tribunal Constitucional español al entender que se trataba de una consulta encubierta.
El órgano admitió el recurso del Ejecutivo y suspendió la consulta de forma cautelar, pero el gobierno catalán siguió adelante con sus planes.
Si bien la organización de la cita electoral quedó en manos de organizaciones sociales, especialmente a cargo de los voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el gobierno publicitó la iniciativa en su web oficial y Artur Mas se hizo responsable públicamente de la apertura de las escuelas e instituciones que oficiaron de colegios electorales.
2,3 millones de personas se volcaron a las urnas en noviembre pasado, un poco más del 33% del electorado, y el 80% dijo sí a la independencia de Cataluña
El 9 de noviembre, bajo prohibición, 2,3 millones de personas se volcaron a las urnas, un poco más del 33% del electorado, y el 80% dijo sí a la independencia de Cataluña respecto de España.
El gobierno de Rajoy siguió defendiendo que era un acto inconstitucional, mientras la Fiscalía General denunció a Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, por un delito de desobediencia por haber celebrado la consulta.
Siete meses después, el Tribunal coincide con la Abogacía del Estado y sostiene que “una Comunidad Autónoma no puede convocar ni realizar actuaciones formalizadas o no jurídicamente que auspicien la convocatoria de una consulta popular, aun no referendaria, que desborde el ámbito de las competencias propias».
Cuando el Tribunal Constitucional suspendió la primera consulta no incluyó ninguna advertencia a Mas de que tenía la obligación de cumplir con las decisiones del organismo, como había pedido la Abogacía del Estado, con la intención de dejar claro que el presidente catalán estaba incumpliendo las leyes de forma deliberada.
