Dedico esta columna, nuevamente, al repudio de la gestión del actual presidente de nuestro país, Mauricio Macri y su equipo, quienes desde que asumieron, el 10 de diciembre de 2015, iniciaron el camino del ajuste sobre las espaldas de los trabajadores, tanto en actividad, como jubilados y pensionados, en perjuicio de esos colectivos.
Escribe Oscar Cuartango
La reforma previsional -aún con gran resistencia en una impresionante movilización popular en su contra- logró aprobación legislativa, implementando una modificación de los coeficientes de determinación del haber inicial y de actualización bianual de los beneficios, ambos a la baja, cuando menos circunstancialmente.
Y la reforma laboral, tal vez como consecuencia de la resistencia que se exteriorizó a la previsional, no fue sometida a la consideración del Congreso. Pero ello no implica que no se haya implementado una reforma flexibilizadora, vía pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pérdida de puestos de trabajo y el consiguiente incremento de la desocupación de ello derivado.
Con el retorno de nuestro país al marco crediticio del F.M.I., las políticas de ajuste que estaban y están en el ADN del actual gobierno se vieron ratificadas y potenciadas por las condicionalidades impuestas por el organismo crediticio internacional y plasmadas en los memorándums de entendimiento suscriptos por nuestro gobierno.
En los últimos meses, recomenzó una embestida en pro de ambas reformas, vía el propio Presidente Macri en la reunión del G20 en nuestro país, del Ministro Sica durante la conferencia anual de la O.I.T. y más recientemente, de Dujovne.
En este punto resalto que no nos oponemos al análisis y consideración del impacto que los avances tecnológicos, la informática, la robótica y la inteligencia artificial tienen y tendrán en el mundo del trabajo, admitiendo que son procesos inevitables. Pero el eje del análisis depende del punto desde el cual nos paramos y si esos progresos se canalizarán en beneficio de las mayorías, poniendo a los seres humanos como objeto y centro de atención de las políticas, o se canalizarán en beneficio de unos pocos, los dueños del capital concentrado, a costa y perjudicando a las mayorías más desprotegidas.
No nos oponemos al análisis del impacto que los avances tecnológicos tienen y tendrán en el mundo del trabajo, admitiendo que son procesos inevitables
Así planteado el tema, no vacilamos en colocarnos a favor de las mayorías y los sectores más vulnerables de la economía y en el rol central de los seres humanos como beneficiarios de las políticas de gobierno en todas sus formas, como tampoco dudamos que el actual gobierno viene y seguirá adoptando la posición totalmente contraria, beneficiando al capital concentrado y los sectores empresarios más poderosos.
Ello queda graficado en el proyecto de reforma laboral que el Poder Ejecutivo elevó al congreso en el 2017, en el cual se impulsa la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente” y “la eliminación de la responsabilidad solidaria del contratista principal”, respecto de las obligaciones laborales de sus subcontraristas con su personal, lo que implica la desprotección total del trabajador, quien es el eslabón más débil en la relación laboral, y que por tanto, requiere la mayor protección y garantías en su favor, de modo de lograr el equilibrio de fuerzas que el gobierno actual se ocupa en desbaratar.
Todo ello nos permite alertar a trabajadores activos y pasivos que, de resultar reelecto Mauricio Macri, impondrá sin titubeos, sea vía legislativa o vía D.N.U. -ya que poco le importa la calidad institucional y las garantías constitucionales, como ha dejado en claro- ambas reformas.
Ello implicará, en lo previsional, la elevación de la edad jubilatoria, la reducción del monto de los haberes y una privatización encubierta del sistema, mediante la implementación de los Seguros de Retiro, versión aggiornada de las nefastas A.F.J.P. Y en lo laboral va a ser tan grande la desregulación que los trabajadores verán peligrar, en todo o en parte, sus derechos al aguinaldo, a las vacaciones, a la indemnización por despido y a las restantes garantías y derechos históricamente reconocidos.
No ignoramos que ello encuentra un valladar constitucional en los artículos 14 bis, 75 inciso 22 de nuestra carta magna y en los convenios, pactos y tratados internacionales ratificados por nuestro país, pero el actual gobierno ha dado muestras claras ya de su desprecio constitucional.
De ello resulta que los trabajadores, activos y jubilados, al igual que los titulares de Pymes, deberán, en la próxima elección presidencial, votar en defensa propia y en salvaguarda de sus derechos más elementales
Los hechos, la situación socioeconómica y las propias manifestaciones de quienes hoy gobiernan, hablan por sí mismos y un triunfo electoral de Cambiemos los alentará a continuar la escalada de ajuste, flexibilización y desprecio institucional.
La única verdad es la realidad y se debe obrar en consecuencia. Del voto ciudadano depende nuestro futuro como país.
