Victoria de los trabajadores: la Justicia obliga a reincorporar a tres delegados echados de importante empresa
La empresa gráfica IPESA, acaba de ser notificada este martes 2 de junio, de un primer fallo judicial emitido por
el Juzgado Nacional del Trabajo N°5 que ordena la reincorporación de los tres delegados de la fábrica: Walter Santoro, Juan Ovando y Ezequiel Rosales, en la causa “Rosales Ezequiel y otros c/ Insitituto de publicaciones y Estadisticas SA s/ Medica Cautelar”. Se trata de la primera de varias presentaciones judiciales hechas por los trabajadores, contra los despidos ilegales efectuados por el grupo Lerner en IPESA y también en la empresa editorial Publiexpress, desconociendo el DNU329/2020 que los prohíbe.
“Son despidos efectuados en el marco de un lock out empresario, como hemos denunciado en las demandas”
señaló el abogado de los trabajadores, Pablo Viñas, refiriendo que “es de público conocimiento que IPESA se ha visto beneficiada con licitaciones multimillonarias del Ministerio de Educación de la nación para imprimir cuadernillos para la educación pública durante la pandemia. Obtuvieron las licitaciones, e inmediatamente después despidieron a la mayoría del personal, realizando el trabajo en forma tercerizada”.
Por su parte tanto la comisión interna gráfica, como la de prensa de Publiexpress, denunciaron tempranamente
con los sindicatos gráfico y de prensa ante el Ministerio de Trabajo, estos despidos efectuados en desacato a un decreto presidencial y que se produjeron estando una conciliación obligatoria vigente.
Al respecto los delegados gráficos denunciaron “Hemos tenido que ir a la justicia porque lamentablemente el
Ministro de Trabajo Carlos Moroni no ha hecho absolutamente nada, la empresa ha aprovechado la pandemia para despedir trabajadores en masa, mientras tiene trabajo y cuenta con la revista más vendida de la industria editorial (Revista Pronto), así precarizan el trabajo tercerizándolono y se cubren de cualquier riesgo de parate productivo a consecuencia del COVID-19, mientras trabajadores con décadas de antigüedad pierden sus puestos de trabajo en medio de una pandemia y estando declarada la emergencia nacional”.
Los trabajadores continúan esperando una respuesta por parte del gobierno: “no puede ser que se permita a
la empresa burlarse de normativa de emergencia, y todavía se la premie con una licitación, como si nada pasara, queremos que la empresa mantenga la licitación, pero el trabajo debe hacerse con las máquinas y los empleados de IPESA” dijeron los trabajadores indignados, quienes reclaman que el gobierno tome cartas en el asunto, compeliendo a la empresa a reabrir. “Si la empresa mantiene su posición, debe ser compelida por todos los medios, de ser necesario intervenida a través de la IGJ e incluso expropiada para que siga en marcha con sus trabajadores reincorporados” señalaron los delegados.
Ahora esperan que este primer fallo sirva para modificar la situación arbitraria que están viviendo más de 100
familias que han quedado ilegalmente en la calle en medio de la pandemia, despedidos por una empresa con trabajo. La empresa tiene 48hs para cumplir bajo apercibimiento de multas a favor de los trabajadores.
