Veintitrés familias duermen en la calle por “un error” del Gobierno porteño
Hace una semana que veintitrés familias del barrio Padre Carlos Mugica duermen con colchones en la calle, expuestas a la lluvia y a la inseguridad, luego de que sus viviendas fueran afectadas por una demolición planeada por el Gobierno porteño.
Las 23 familias, entre quienes hay mujeres embarazadas y niños, viven y duermen en la calle, debajo de la autopista Arturo Illia dentro del barrio situado en la zona de Retiro, rodeados de pedazos de ladrillos, cemento, comida y colchones que les fueron donados
“Es muy doloroso perder todas tus cosas: los recuerdos de tus hijos, lo vivido ahí, las cosas que me he comprado con tanto sacrificio. Y en un error del gobierno tiraron todo. No estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos pidiendo nuestras casas”, dijo a Télam María Isabel Báez, una vecina del barrio cuya casa sufrió un incendio.
Siete días atrás, alrededor de las 14, la empresa Villarex SA, contratista del Gobierno porteño para los trabajos de demolición de viviendas, tiró abajo una losa como parte del Plan de Urbanización. Esta medida terminó provocando el derrumbe de otra losa lindera, lo que afectó a otras casas habitadas por 23 familias.
Tras el derrumbe, las personas fueron evacuadas y tres horas más tarde se desató un incendio -cuyo origen aún se desconoce- en la planta baja de una de las viviendas que dañó por completo ese inmueble donde vivían María Isabel Báez, su esposo y sus hijos.
Cuando ocurrió el incidente, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a las familias alojarse en hoteles o Centros de Integración Social, pero por miedo a sufrir robos en sus casas, la mayoría decidió vivir en la calle, cerca de sus viviendas.
En tanto, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires está otorgando a las familias comida y productos de higiene. Asimismo, si bien en un primer momento había colocado un baño químico, luego lo quitó y dispuso el uso de uno en una oficina de la Anses donde también las familias pueden dormir, pero el problema es que tiene una capacidad limitada a 10 personas.
La (no) respuesta de la Justicia
Cuatro vecinos, acompañados por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio, legisladores y otros organismos, se acercaron el viernes pasado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 para radicar una denuncia por lo ocurrido.
“Nos recibió, en nombre de la Fiscalía N° 12 la señorita Delfina Erecart y nos comunicó, sin darnos ningún argumento válido, que no les iba a tomar la denuncia a los vecinxs y que la Fiscalía ya había actuado de oficio”, dijo a Télam Javier Martínez, coordinador del CAJ del barrio Güemes, ubicado dentro del Padre Carlos Mugica (ex Villa 31).
También comentó que ante la insistencia de querer dejar radicada la denuncia, la respuesta fue “que era fecha de feria, que estaban de guardia y que en los próximos días, quizás los citarían para que puedan declarar”.
