Treinta agentes del Servicio Penitenciario echados piden volver a su trabajo

Treinta y cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal que fueron echados en 2019 piden volver a sus cargos y denuncian que las firmas que determinaron su desvinculación son falsas. Afirman que el responsable de las remociones, el Alcaide Mayor Miguel Angel Perrotta, quien es jefe de Asuntos Internos del Servicio de Penitenciario y cuyo domicilio fue allanado en el marco de la causa que investiga el juez Federico Villena por espionaje ilegal realizado en el macrismo contra figuras públicas como Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Hugo Moyano, entre otros.

El conflicto comenzó en agosto de 2019, cuando los 35 agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron dejados cesantes por una resolución del Director Nacional Emiliano Blanco, que se basó en un sumario administrativo en el cual se constató que todas las firmas del instructor del sumario – el Alcaide Mayor Miguel Angel Perrotta- obrantes en las declaraciones indagatorias tomadas a dichos agentes, y algunas de las del secretario del sumario (Adjutor Principal Daniel H. Arguello), eran falsas.

El motivo del despido de los trabajadores fue que al momento de egresarse de la instrucción en el Servicio Penitenciario hicieron lo que en la jerga se conoce como «manteada» que consiste en tapar con una manta a los egresados y golpearlos.

Tras la denuncia de los agentes damnificados por las firmas falsificadas se efectuó una pericia caligráfica a cargo de la perito calígrafo del servicio penitenciario Elisa Andrea Tusa (el 05/11/2019), quien dictaminó que las firmas de Perrotta habrían sido hechas todas por la misma persona, por lo que según su criterio no serían falsas, pero que con relación a las de Arguello si habían sido hechas por distintas personas, y que para determinar la correspondencia o no de todas las firmas con las de los denunciados, ambos debían realizar un “cuerpo de escritura” para su cotejo definitivo.

Los agentes cesanteados presentaron a Emiliano Blanco un peritaje caligráfico realizado por un perito calígrafo oficial de la policía federal (Fernando Asorey) quien determinó que en las firmas de Perrotta habían intervenido al menos dos puños escritores; es decir, que muchas de ellas necesariamente debían ser falsas, o bien todas ellas. Lo mismo ocurrió con las firmas de Arguello, y que debía realizarse un “cuerpo de escritura” por parte de los dos funcionarios para el cotejo definitivo.

En ese contexto se inició una información sumaria en el ámbito del servicio penitenciario donde se citó a Perrotta y Arguello para que efectúen un cuerpo de escritura para lograr firmas indubitadas y así cotejarlas con las con las que obran en el sumario administrativo y de esa manera determinar la correspondencia o no de las firmas con esos funcionarios. El caso es que el instructor de la información sumaria estuvo a cargo del Secretario General del Servicio Penitenciario, un hombre que también dependía directamente de Blanco y de extrema confianza del mismo.

La audiencia para tomar el cuerpo de escritura se llevó a cabo el 09/01/2020 en la Dirección Nacional del servicio penitenciario, pero tanto Perrotta como Arguello se negaron a realizar el cuerpo de escritura. No obstante lo cual el perito de parte de los agentes damnificados (Fernando Gabriel Romay – Perito Calígrafo Nacional), efectuó el peritaje tomando como indubitadas las firmas de ambos funcionarios asentadas en el acta en que se documentó su participación en la audiencia de ese día, y determinó que la totalidad de las firmas atribuidas a Perrotta asentadas en las declaraciones indagatorias que estaban incorporadas al sumario por medio del cual se dejó cesantes a los 35 agentes, eran falsas.

El 20 de diciembre de 2019 se había efectuado una denuncia penal ante la justicia federal de Lomas de Zamora – donde se acompañó el primer peritaje caligráfico del perito Asorey de la Policía Federal-, recayendo la investigación en la Fiscalía Federal N° 2 (Causa N° 55808), con intervención del Juzgado Federal N° 1 del Dr. Federico Villena. Hasta ahora los denunciantes aún no fueron llamados a ratificar la denuncia pese a que se constituyeron como querellantes.

El 20 de febrero de 2020 se inició una medida cautelar que quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 de la Capital Federal (Causa “COMAN, GUSTAVO DANIEL Y OTROS”, N° 004859/2020), donde en el mes de marzo de este año se ordenó un pedido de informes al servicio penitenciario, pero por la feria judicial decretada por la pandemia del COVID 19 la causa se encuentra estancada, habiéndose denegado por parte del juzgado la habilitación de la feria judicial para continuar con la misma, por considerar que no existían razones de “urgencia” para ello (en esta causa está incorporada toda la documentación incluidos los dos peritajes caligráficos y su consulta es de acceso público).