Suspenden al Luis Arias, el juez que frenó los tarifazos
El juez platense Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, fue suspendido de su cargo para ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.
Así lo resolvió el tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró validos, por una unanimidad, los fundamentos para que se inicie un proceso en su contra.
El magistrado negó las acusaciones y habló de «intencionalidad política» en su contra, al tiempo que apuntó al procurador bonaerense, Julio Conte Grand.
El jurado declaró «admisibles» las denuncias por abuso de poder, mal desempeño e instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, a pesar de que, según Arias, hay «irregularidades técnicas» en el proceso, que redundan en que se hayan violado «normas elementales».
El juez platense está acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros, siendo una de los expedientes principales su intervención en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013, denuncia que presentó el fiscal Marcelo Romero.
También, el subprocurador Juan Oliveira elevó una denuncia en el mismo sentido, luego ratificada, lo que motivó el inicio del juicio político.
Ahora, tras la suspensión, a Arias se le retendrá el 40 por ciento de su sueldo, aunque no perderá su cargo como juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata hasta tanto el tribunal no resuelva si finalmente lo destituye, al emitir la sentencia definitiva sobre su caso.
Tras la audiencia, Arias afirmó que el proceso en su contra es «una persecución política y mediática» impulsada por «todos aquellos que intentan imponer una visión única contra todos aquellos que piensan diferentes a la visión del poder».
«No hay acusaciones o denuncias serias, lo que tengo son acusaciones por criterio judicial, que no son para jury», señaló el magistrado en declaraciones a La García.
Al respecto, expresó: «Conte Grand me acusa de brindarle atención hospitalaria a un interno que le habían amputado una pierna y tenía una infección generalizada. No tenía atención y ordené que lo trasladen. Para Conte Grand, violé la competencia penal, para él la competencia es más importante que la vida».
«La intencionalidad es política, no tengo denuncia patrimonial, yo vivo de mi sueldo», subrayó Arias y afirmó que existe un «retroceso institucional».
A la vez, advirtió que no lo van «a callar» y sostuvo que «el miedo es la materia prima de la dominación».
«A mí no me van a callar. Cualquiera sea el lugar en que me encuentre, lo que nunca voy a hacer es declinar mi forma de pensar y todos debemos hacer lo mismo», agregó.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su «preocupación» por entender que los hechos en los que se sustenta la acusación no constituyen causales previstas para el proceso de enjuiciamiento de magistrados.
«El enjuiciamiento del juez Arias, bajo los endebles hechos que se le imputan, podría significar un grave antecedente y un mensaje disciplinante para quienes tienen, precisamente, la función de controlar las acciones del Estado», consideraron las autoridades del organismo.
El Tribunal estuvo presidido por la titular de la Corte Suprema, Hilda Kogan, y lo conformaron cinco legisladores y cinco conjueces.
Integraron el cuerpo los senadores Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliu (FpV-PJ): todos ellos finalizan su mandato el próximo mes, aunque Costa, D’Onofrio y Garate seguirán siendo legisladores hasta el 2021.
En tanto, los conjueces que actuaron fueron Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Pisani (San Isidro), Ambrosio Botarini (Pergamino), José Apaz (San Martín), Fabián González (Morón).
