Sospechas de la asignación de la causa a la jueza Servini

En la edición digital de Infobae del día de ayer 16/02/2025 (https://www.infobae.com/judiciales/2025/02/16/hasta-ahora-hay-112-denuncias-penales-en-la-justicia-federal-por-el-caso-de-la-criptomoneda-promocionada-por-javier-milei/) el diario se refirió a la cantidad de denuncias iniciadas contra el Presidente de la República, Javier Milei por su intervención directa en la promoción de una de las llamadas criptomonedas, destacando como hecho curioso o excepcional que “una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal GUILLERMO MARIJUAN y fue realizada por un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia, y que “la denuncia cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 a cardo de Sebastián Casanello, en la Secretaria N° 13 del doctor Martin Smietniansky”. 

Atento a lo publicado, resultó que la competencia quedó determinada irrevocablemente por la denuncia policial, resultando, entonces, como “juez natural” Casanello, por ser el Juez de Turno -según se desprende de lo publicado- y la intervención del Fiscal Marijuan, quién habría sido quien autorizó la recepción de la denuncia ante, lo que es de imaginar, consulta por la policía. 

Lo que habría consumado Llorens, Presidente de la Cámara Nacional Criminal Federal, fue dar apariencia de legalidad a un fraude administrativo o judicial (hay que determinar si el sorteo es administrativo o judicial) al recurrir al sorteo por un bolillero con el fin de determinar quién habría de ser el juez competente, en este caso. 

Alimenta la sospecha la excepcionalidad del procedimiento empleado, más las propias declaraciones de Llorens publicadas por el diario Ámbito Financiero en el día de hoy 17/02/2025, sobre los motivos, al explicar que ello se llevó a cabo “para evitar un dispendio judicial innecesario y para garantizar transparencia, informaron fuentes judiciales” (https://www.ambito.com/politica/escandalo-libra-la-jueza-maria-servini-quedo-cargo-las-denuncias-contra-javier-milei-n6114298). 

Cabe preguntarse ante tal excepcionalidad por qué Llorens sospechaba de “UN DISPENDIO JUDICIAL INNECESARIO” ante el simple hecho de la asignación de una causa penal iniciada ante la Justicia Federal Criminal, con asiento en la Capital Federal, tarea que la realizan los empleados de la Cámara a través del sistema informático judicial. 

Se podría afirmar, que, de hecho, no existe asignación de causas penales, al igual que en los otros Fueros, por sorteo de bolillero en la justicia penal, sea nacional o federal. Desconozco si el sorteo por bolillero permanece regulado en el Reglamento del Fuero Federal cuando debiera ser el único medio de asignar las causas penales y en otras materias. 

El sorteo por bolillero y en presencia de las partes, si lo piden, para determinar la asignación de las causas judiciales al juez competente no es una cuestión menor o anecdótica, toda vez que es una fundamental garantía constitucional y procesal que asegura la intervención del “juez natural”; del debido proceso; de existencia de imparcialidad y de transparencia. 

Esta asignación por sorteo por bolillero sería nula, de nulidad absoluta, y de haber sucedido lo que publicaron los medios citados la jueza Servini debería decidirlo sin que se lo pidan, a la vez que pone en crisis si la garantía de una justicia para todos existe, o si por el contario sólo la gozan unos pocos.