Se implementa el sistema de Consumo Protegido para usuarios y consumidores
Desde este lunes empieza a funcionar la nueva “justicia del consumidor”, que tiene tres herramientas dinámicas para los consumidores. En primer lugar, crea una instancia de conciliación obligatoria entre la empresa y el usuario. Luego, abre la posibilidad de dirigirse a una autoridad administrativa con capacidad de otorgar indemnizaciones. Y, como tercera instancia, se deriva a un nuevo fuero judicial exclusivo para sus necesidades.
Los reclamos se podrán iniciar por internet en la página consumoprotegido.gob.ar, o bien a través del 0800-666-1518 de la secretaría de Comercio de la Nación o concurriendo de manera presencial a alguno de los 19 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que existen en la ciudad.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez dieron detalles del flamante sistema en diálogo con la Televisión Pública.
Costa recordó que el año pasado se presentó un paquete de leyes al Congreso con el fin de «expandir los derechos de los consumidores y favorecer la solución de los conflictos» y procurar que «se limiten los abusos a los que los consumidores están expuestos».
«El lunes se pone en marcha la primera etapa» de ese paquete de leyes a través del sistema de Consumo Protegido, por el cual cuando un consumidor advierta que la empresa «no cumplió con lo pactado o entregó un bien que no está en perfecto estado y no se atienda a su reclamo, va a poder hacer la queja formal a través del sitio de internet de Consumo Protegido o del 0800 de la secretaría.
«A partir de ahí comenzará un camino que va a ser más fácil para resolver conflictos» dijo Costa y agregó que el reclamo se podrá hacer incluso por el teléfono celular del consumidor desde el propio comercio donde tuvo el conflicto.
«En un lapso de 15 días va a haber una audiencia de conciliación obligatoria entre la empresa y el consumidor, con la presencia de un conciliador que resolverá» el conflicto, indicó.
Detalló que también está posibilidad de hacer la queja de manera presencial a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
Alvarez, por su parte, dijo que «nosotros necesitamos que los consumidores disparen el reclamo». Hay 19 centros CAJ en la ciudad, hay uno detrás de la estación Constitución y otro en Once, a la altura de avenida Rivadavia al 2.600, recordó y recomendó que se puede consultar el listado completo en la página del Ministerio de Justicia.
Álvarez señaló que desde la sanción del paquete de leyes de consumo se formaron 200 conciliadores en la ciudad. Dijo que luego de iniciada la denuncia, el consumidor será citado junto a la empresa denunciada y no será necesario que concurra un abogado para auxiliar al usuario porque el asesoramiento legal es gratuito.
«La empresa tiene la obligación de concurrir, si no se le aplica una multa y el mediador en el 80 por ciento de los casos va a resolver el conflicto y si así no se da, porque el caso es complicado, se va a poder elevar el hecho a instancia judicial, que también será gratuita», describió Álvarez.
«En el Consejo de la Magistratura ya estamos concursando los juzgados que van a generar el Fuero del Consumidor», describió.
A su turno, Costa recordó que para hacer la denuncia los consumidores deben ser mayores de 18 años y ser titulares del reclamo. «Uno no puede reclamar por un hecho que le ocurrió a otro», expresó.
«Antes las resoluciones tardaban años. Ahora en un plazo de 15 días habrá una audiencia y en un lapso que va de los 60 a los 90 días se resuelve el conflicto», aseguró.
Cumplir con la Constitución
Estos proyectos de ley vienen a reglamentar el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994. La ley suprema reconoce el derecho de los usuarios y consumidores “a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
La Constitución le atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”, y controlar “los monopolios naturales y legales”, junto a “la calidad y eficiencia de los servicios públicos”. Además, dispone que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos”
