Hace poco más de una década, Miguel Medina, el Juez Federal en Salta a cargo del Juzgado nº2; intentó dejar sin efecto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en clara protección de los intereses oligárquicos.
Para este magistrado la trata de personas con fines de explotación sexual, no existe, sigue posicionando que eso es trabajo en negro, por citar un ejemplo conocido por las organizaciones del sector que luchan en contra de unos de los delitos más acuciantes en el norte argentino.
Era de esperarse que el juez de la oligarquía, obedeciera a la posición férrea de la derecha conservadora para cruzarse en el avance de derechos hacia la mujer con la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Medina es un juez que responde ciegamente al senador de Clarín, Juan Carlos Romero -JxC- en lo que es macrismo norteño.
La desvirtuación de la tarea del magistrado, queda a vistas claras en la lentitud de las causas que se tramitan por ante el juzgado a su cargo, siendo que se ha mostrado dispuesto a habilitar su tarea en plena feria judicial con la intención de declarar la inconstitucionalidad pretensa de la ley aprobada por el Congreso de la Nación, en una demostración de poder de escritorio que corre el eje a la discusión profunda sobre la necesaria, urgente y primordial, Reforma de la Justicia Argentina, donde los jueces son abogados de parte para la oligarquía y sus intereses empresariales.
Consecuentemente, cabe preguntarse, a quién «defiende» Medina con una acción de comedido en un debate que fue ampliamente trabajado por la sociedad en procura de los derechos hacia las mujeres.
Está claro que su actuación no es para la Iglesia católica, siendo que Medina, ni siquiera va a misa de los domingos. Menos aún, tiene que ver con sus convicciones, pues el trato que le cabe dispensar a las leyes desde su puesto de trabajo con salario superior a varios sectores de la sociedad, pero en definitiva perteneciente a la administración pública, son los intereses del Estado.
El juez federal además al habilitar la feria, el pasado miércoles, aceptó y dio inicio trámite legal al pedido de acción declarativa de inconstitucionalidad que fuera solicitado semanas atrás un grupo de dirigentes salteños en supuesta representación del sector anti derechos -celeste- movilizados bajo el lema «defensa de las dos vidas».
Entre quienes firman la presentación judicial, está la ex senadora nacional Cristina Fiore de Viñuales (Partido Renovador Salteño), esquema electoral vinculado al clan ULLOA, del reciente fallecido ex gobernador de facto Roberto Augusto, padre de otrora funcionarios del macrismo.
Lo que Medina abre se relaciona con la discusión sobre el llamado protocolo ILE, los planteos y requerimientos solicitados por los firmantes (que el juez declare que el «ser humano existe desde el momento de la concepción» y que el «niño no nacido tiene un derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado») podrían trasladar la controversia jurídica a la discusión mayor: la legalidad y constitucionalidad de la flamante ley 27610, la IVE.
Este sector político partidario, cuestionó que el protocolo no contemple «la posibilidad de realizar un procedimiento menos dañinos como, por ejemplo el adelantamiento del parto o del ofrecimiento a la madre de la entrega posterior en adopción, con prohibición incluso de poder ofrecer de modo efectivo a la madre gestante, ya sea a través del Estado o Instituciones los medios alternativos necesarios para salvaguardar a las dos vidas» al entender de un espacio político que puede seguramente ver en Medina un potencial candidato en las elecciones de medio tiempo, en cuanto, uno de los más años del fuero federal estuviera dispuesto a por fin dejar en claro a la sociedad salteña sus apetencias políticas, mucho más fuertes que sus obligaciones judiciales.
El juez Medina arbitró mecanismos similares cuando en el 2009, dictó una medida cautelar que suspendía la aplicación de cinco artículos claves de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522) y en ese entonces «trabajó» la presentación realizado por aquel entonces legislador nacional Durand Cornejo, en este mismo sentido cabe recordar que un amicus curae tramitado desde Salta por la FATPREN impidió los planes que mediante el despacho legal de Cablevisión, intentaron ir en contra de la mencionada normativa popular, cometido logrado posteriormente por las disposiciones de la presidencia de Macri.
