Represión en Jujuy: la Secretaría de DDHH denunció penalmente al gobierno de Morales
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió a la justicia que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes.
Fuentes de la Secretaría indicaron que la presentación judicial incluyó “testimonios y pruebas” sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.
La @SDHArgentina denunció penalmente al gobierno de Jujuy por la represión a manifestantes. La presentación solicita que se investiguen los numerosos hechos de violencia policial en las protestas contra la reforma constitucional de la provincia. https://t.co/87UHFrJD0H pic.twitter.com/Q64sEhJwHU
— Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) June 27, 2023
“Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes”, consignaron las fuentes oficiales.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señala la presentación.
También menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.
La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.
Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear de cerca las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Carta Magna local, aprobada el pasado 20 de junio en una breve sesión de la Asamblea Constituyente que se realizó en la Legislatura provincial.
La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos que viajó a Jujuy estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaria General de Presidencia.
