Paraguay: A tres años del golpe parlamentario

Página Popular, especial para InfoBaires24

El 22 de junio de 2012, el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”

La masacre de Curuguaty, en la que el 15 de junio de ese año fallecieron 11 campesinos y 6 policías, fue el hecho que detonó el proceso destituyente, aunque el gobierno del exobispo ya venía siendo amenazado desde antes, sobre todo luego de haber impulsado una mensura en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, en tierras que se encontraban explotadas presuntamente de forma irregular por el terrateniente brasileño Tranquilo Favero.

Tras la destitución, asumió el entonces vicepresidente, el liberal Federico Franco, quien abrió una línea de gobierno que sería profundizado por el actual mandatario, Horacio Cartes, con el creciente endeudamiento a través de los “bonos soberanos” y la acelerada y secretista liberación de eventos transgénicos sin seguir los protocolos establecidos en la ley. Su gestión terminó como una de las más impopulares de la llamada “transición democrática” y golpeada por múltiples escándalos de corrupción.

Si bien la institucionalidad de la República parece haber retornado a su curso –fundamentalmente por la participación de exponentes del gobierno de Lugo en las elecciones del 21 de abril de 2013, en las que resultó ganador el actual presidente–, las secuelas del golpe se siguen manifestando con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que ha profundizado el patrón represivo contra los grupos organizados, incluyendo a estudiantes secundarios que ahora se encuentran imputados y procesados por “perturbación de la paz pública” a raíz de una manifestación realizada en octubre 2014 pidiendo una entrevista con la ministra de Educación, Marta Lafuente, y en la que pidieron mayor presupuesto para el sector.

Las secuelas del golpe se siguen manifestando con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que ha profundizado el patrón represivo contra los grupos organizados

El 17 de agosto de 2013, dos días después de la asunción de Cartes, en una estancia en el departamento de San Pedro, aparecían muertos cuatro peones y un policía que en su “tiempo libre” trabajaba como guardia armado en un establecimiento ganadero. El ataque fue atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Rápidamente el Ejecutivo presentó un proyecto de modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que lo habilita a recurrir a los militares en cuestiones de seguridad interna sin necesidad de que el Congreso declare el estado de excepción.

Además de los planes de ajustes con recortes en salud y educación, en el marco de la “ley de responsabilidad fiscal”, el gobierno hizo aprobar la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que permite al poder Ejecutivo concesionar al sector privado de manera unilateral todos los bienes y recursos públicos por plazos de hasta 40 años. No obstante, a raíz de las internas por la presidencia de la Asociación Nacional Republica (ANR), los colorados que apoyan a Mario Abdo Benítez lograron modificar un artículo de la ley para que los proyectos deban ser aprobados por el Congreso, pero que chocó en la Cámara Diputados con una mayoría oficialista que reemplazó esta modificación por un informe semestral que mantiene las prerrogativas del Ejecutivo en el manejo de los contratos. Como producto de este enfrentamiento, también fue rechazada la Ley de garantías para las inversiones, que contempla congelamientos impositivos por hasta 20 años.

Otra línea maestra en las políticas de este periodo son los tarifazos, con un aumento en el precio de los peajes que llega hasta un 300%, además de la suba del pasaje del transporte urbano y el inminente aumento del gas y la electricidad. Estas medidas son denunciadas por organizaciones sociales como una antesala a la privatización, pues para mermar la impopularidad que puedan tener las APP, los precios son aumentados de antemano a fin de que estas subas no sean atribuidas a la delegación de los servicios al sector privado.

Por último, las víctimas de la masacre de Curuguaty siguen en su reclamo de justicia, reparación y recuperación de las tierras usurpadas por Campos Morombí. El gobierno, en cambio, sigue haciendo oídos sordos a estas reivindicaciones, demostrando con sus actos cuál fue el motivo subyacente de aquel apurado proceso: profundizar el modelo del agronegocio fundamentado en la tenencia ilegal de tierras, con un Estado que, renunciando a su rol de garante de derechos, entra a actuar con un implacable poder de fuego ante cualquiera que se interponga.