Para el Oetec, «la revisión tarifaria heredada va a ser central» en el mercado de gas natural

Las medidas que está adoptando el Gobierno nacional en el servicio de gas natural por redes permitirán «una revisión de las tarifas heredadas y un control del precio del gas que se traslada» a los usuarios de manera «justa y razonable», afirmó hoy la Directora del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Belén Ennis.

La especialista se refirió a los contenidos de la Ley de Emergencia sancionada en diciembre, a poco de asumir el presidente Alberto Fernández, y a las decisiones que en consecuencia adoptó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en particular la Resolución 27 de esta semana por la cual busca recuperar la potestad de analizar el traslado del precio del gas a los usuarios.

Ennis se manifestó a favor de la «revisión tarifaria heredada como política central», y en ese sentido «el análisis de justicia y razonabilidad es obligatorio, no puede obviarse en el proceso de pase a tarifa del precio de gas a boca de pozo, porque no es fruto de acuerdo entre partes sino un acto administrativo que le corresponde a la autoridad regulatoria para proteger a los consumidores».

«La derogada Resolución 72 (de febrero de 2019) establecía una metodología prácticamente automática del traslado a tarifas del precio del gas. Con aquel esquema, el Enargas tenia que aceptar este traslado a tarifas sin hacer ningún tipo de revisión o evaluación», explicó a Télam la titular del Oetec.

A partir de la norma dispuesta por el ente intervenido por Federico Bernal, cijo que se va a «recuperar la facultad de hacer un juicio de razonabilidad en cada caso, sobre la formación contractual de precios y cómo se incorpora a la tarifa, un paso importantísimo que tiene que ver con el cumplimiento de la palabra del Gobierno».

«El Enargas vuelve a realizar su trabajo de control y regulación, que no se cumplía durante el macrismo, años que por el contrario se comportó como un órgano contable de las propias empresas energéticas» y que tuvo en la presidencia a «Mauricio Roitman, que reflejaba un grave conflicto de intereses por su labor previa como asesor de las empresas a las que debía controlar», añadió.

Para Ennis, la gestión energética del gobierno de Mauricio Macri «permitió un armado tarifario totalmente contrario a los intereses y necesidades de los comercios, las industrias y al ciudadanía, con tarifas lapidarias para todos y llevando a mayores niveles de pobreza energética y al cierre de cientos y miles de pymes durante los últimos cuatro años».

En este sentido, la especialista destacó que las políticas actuales del Gobierno nacional y el Enargas son los «primeros pasos para el establecimiento de tarifas de gas justas, razonables y asequibles, promotoras del desarrollo social económico y productivo del país».

«Con tarifas accesibles a la ciudadanía podemos fomentar un mayor consumo, que redunda en mayor desarrollo y pujanza de la economía y la calidad de vida», aseguró la directora general del Observatorio energético.

Para la especialista, el punto de partida del nuevo esquema para el sector se dio con los artículos de la Ley de Emergencia que establecieron «no solo la intervención de los entes reguladores sino la renegociación o la revisión completa de la RTI (Revisión Tarifaria Integral) tendiendo a una revisión de la carga tarifaria sobre los comercios, las industrias o los hogares».