Ordenan al gobierno porteño realizar obras en escuelas de Almagro
La justicia aceptó la medida cautelar presentada por la comunidad educativa de la Escuela Superior Normal 7 y ordenó realizar dentro de los 10 días hábiles una auditoría y las obras correspondientes en el edificio donde también funcionan el Comercial 8 y el 25, a fin de garantizar la integridad física de docentes y alumnos.
Al respecto, el presidente de la cooperativa de dicha escuela, Pablo Cesaroni, recordó: «Desde 2011 que se inauguró el nuevo edificio ubicado en Humahuaca 4260 hemos tenido inconvenientes de diversa índole».
Cesaroni detalló que «existen problemas con la calefacción, la instalación eléctrica, las puertas, techos, ventiladores y ascensores, además de la falta de equipamiento que provocó que se tengan que suspender clases porque los alumnos no tenían mesas».
«Se cayeron 10 puertas, dos veces causaron lastimaduras en alumnos; también se vino abajo un ventilador que derivó en la internación de dos estudiantes; una persona de la cooperadora fue lastimada por el cierre abrupto de un ascensor, y así podríamos seguir enumerando diferentes hechos de estos cuatro años», sostuvo Cesaroni.
En diciembre de 2014 la comunidad educativa de las tres escuelas fue recibida por Carlos Regazzoni, Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación porteño, quien se comprometió a realizar obras durante el verano y tener una nueva reunión en marzo de 2015.
A principios de abril, la jueza Lidia Ester Lago aceptó la medida cautelar presentada por algunos padres y ordenó al Gobierno porteño que «en el plazo de 10 días, proceda a realizar una auditoría para evaluar el estado del edificio y que (…) adopte todas las medidas indispensables para dotar al establecimiento (…) de condiciones edilicias seguras y adecuadas para el normal desenvolvimiento del dictado de clases, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta causa».
«En estos días fue informada la Asesoría General Tutelar y mañana se estará notificando al Gobierno porteño», detalló por su parte Francisco Soriano, el abogado que presentó la cautelar y padre de un estudiante del Normal 7.
Por su parte, Damián Ita, presidente del Centro de Estudiantes de ese colegio, indicó que «para quienes pasamos tantas horas en la escuela es terrible estar pensando que se puede caer un pedazo de techo y lastimarnos, como ya pasó».
«Los alumnos estamos perdiendo horas de clase porque tenemos que salir a las calles para exigir que la escuela sea segura», afirmó.
En este contexto, miembros de la cooperadora, docentes, y alumnos determinaron que aguardarán el plaza estipulado por la Justicia y que, de no haber respuesta del Gobierno de la Ciudad, comenzarán a principios de mayo un plan de lucha con movilización.
«Sabemos que la situación en nuestras escuelas no son hechos aislados. Existen unas 150 escuelas con problemas edilicios serios en toda la ciudad, hay al menos 6.000 chicos todavía sin vacantes y esto tiene que ver con un abandono de la escuela pública muy claro de parte del macrismo», aseveró Cesaroni, quien también es delegado de cooperadoras de la Comuna 5.
En el mismo sentido, el legislador por Nuevo Encuentro Edgardo Form describió que «desde 2007 el presupuesto para infraestructura edilicia en las escuelas descendió nueve puntos; nosotros entendemos que existe una decisión política de no contribuir con la educación pública, para nosotros esto es inadmisible porque la educación es un derecho humano y no un privilegio».
Por su parte, el abogado que presentó la cautelar y padre de un estudiante del colegio, informó que «en estos días fue informada la Asesoría General Tutelar y se estará notificando al Gobierno porteño».
