Sociedad

Movilización de estudiantes universitarios de La Plata contra Piombo y Sal Llargués

 

 

 

 

El presidente de la FULP, Darío Estévez, explicó a Télam que la Federación presentó una nota ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en la que pidieron la inmediata separación de los dos profesores, que se inicie un sumario y, en el caso de Piombo, solicitaron un juicio académico para que sea expulsado.

Estévez participó de una movilización de estudiantes que se concentró en la Facultad de Derecho en la calle 48 entre 6 y 7 de La Plata, donde además tenían previsto realizar un escrache a Piombo durante su clase.

“Piombo tenía que venir a las 16 a la Facultad y ahí queríamos hacer un escrache, pero se enteró y suspendió la clase”, detalló el dirigente estudiantil.

«Queremos que sea suspendido y que no dé más clases” mientras se sustancie el juicio académico, afirmó, y pidió “voluntad política para no tener a personajes como este, con un largo prontuario, en esta casa de estudios”.

Además, recordó que la FULP viene “denunciándolo desde 2011″, y afirmó que “todos los bloques políticos van a pedir el jury” al cuestionado juez.

Mas allá del posicionamiento de los estudiantes, ayer el área de derechos humanos de la UNLP manifestó su preocupación por el fallo de los jueces Benjamín Sal Llargués y Piombo, de la Cámara de Casación Penal bonaerense.

Los argumentos utilizados por los magistrados para morigerar la pena del adulto condenado por el abuso contra un niño, «resultan de una gravedad mayúscula, y violatorias de principios constitucionales y tratados internacionales de Derechos Humanos, por su contenido homofóbico y discriminatorio», señaló ese área en un comunicado.

Además, consideró que «las apreciaciones sobre la existencia de una opción sexual por parte de un niño de seis años abusado en reiteradas oportunidades, y las justificaciones que de allí resultan para concluir que el daño que sufrió no tiene la entidad suficiente para resultar gravemente ultrajante, resultan perversas y demuestran, una vez más, los límites y prejuicios sexistas y clasistas de la mirada judicial sobre una problemática tan grave como es el de los niños y niñas abusados sexualmente por adultos».

 

 

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