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Moreau: “No es la Corte de los argentinos, esta Corte tiene dueño”

El diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau defendió el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia al advertir que se trata de un tribunal que oficia en favor de cierta parte del empresariado y los medios hegemónicos.

“Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueños. Hay que tener en claro quienes se han alineado con su Corte: son los 500 empresarios y si uno repasa han obtenido fallos favorables de la Corte, por ejemplo el caso Ledesma”, expresó.

Moreau, en ese sentido, advirtió que los medios hegemónicos sienten que también son dueños de esa Corte que “quedaron desnudos con los de la banda de Lago Escondido”. Y remarcó: “Hay que poner fin a este funcionamiento mafioso del que forma parte la Corte”.

Al respecto, el legislador remarcó que el juicio “no se hace a la Corte, sino a los miembros” de la misma, que en el último tiempo “se ha ido achicando no solo en números, sino que se ha ido achicando también desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual”.

Distinta vara

Respecto a los argumentos esgrimidos por la oposición, Moreau los rechazó de pleno al señalar que “no hay ningún tipo de circo, patoteada o amenaza, se está llevando adelante la facultad que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

“Cuando se habla de circo, se argumenta que está destinado al show porque no se va a reunir los dos tercios, pero no tuvieron el mismo concepto desplegado como lo hacen ahora cuando otros sectores políticos plantearon juicio político a los miembros de la Corte, por ejemplo, cuando la CC-ARI lo hizo en el caso de Lorenzetti”, concluyó.

¿Qué pasa con la Corte?

Moreau formuló estos conceptos al exponer a favor de avanzar en los pedidos de juicio político contra los miembros la Corte, a cuyos miembros se acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos vinculados a la coparticipación porteña, a la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y a las denuncias de irregularidades de la obra social judicial.

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