Si el Estado no ordena y regula la tecnología, pierde la gente, ganan unos pocos

En julio de este año, cerca de doscientos científicos, treinta Premios Nobel, especialistas en inteligencia artificial, universidades, líderes religiosos y exjefes de Estado se reunieron en el Vaticano para suscribir la denominada Declaración de Roma. Su llamado fue claro: el desarrollo de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías debe estar guiado por principios éticos, por el respeto a la dignidad humana y por mecanismos internacionales de control que impidan que estos avances se conviertan en una nueva amenaza para la humanidad.

No se trata de una preocupación aislada. Setenta años antes, en 1955, Albert Einstein y Bertrand Russell impulsaban un manifiesto que advertía sobre el peligro de las armas nucleares y concluía con una exhortación que aún hoy conserva una vigencia conmovedora: «Recuerden vuestra humanidad y olviden lo demás.»

Entre aquel manifiesto y la reciente Declaración de Roma existe un hilo conductor. Cambiaron las tecnologías, pero permanece la misma preocupación: la capacidad del ser humano para gobernar el inmenso poder que él mismo ha creado.

Sin embargo, el debate no debería limitarse a la inteligencia artificial. Lo que verdaderamente está en discusión es el ingreso de la humanidad en un cambio de era. Una transformación que modifica simultáneamente la economía, el trabajo, la educación, la producción, las comunicaciones, la cultura, la seguridad, las relaciones internacionales e incluso la forma en que construimos nuestras opiniones y comprendemos la realidad.

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades extraordinarias. Permiten avances científicos impensados hace apenas unos años, aceleran descubrimientos médicos, optimizan procesos productivos y amplían el acceso al conocimiento. Negar esas posibilidades sería tan equivocado como ignorar los riesgos que también generan.

Porque nunca antes un conjunto reducido de empresas había concentrado semejante capacidad para administrar información, procesar datos, conocer nuestros hábitos, orientar consumos, influir sobre las emociones, organizar el acceso al conocimiento e intervenir, mediante algoritmos, en la formación de la opinión pública.

Cada búsqueda en internet, cada publicación en una red social, cada compra realizada, cada conversación mantenida a través de una aplicación deja una huella que alimenta sistemas capaces de anticipar comportamientos, segmentar audiencias y modelar preferencias. Muchas veces creemos elegir libremente sin advertir que las opciones que se nos presentan ya han sido previamente seleccionadas por algoritmos cuyo funcionamiento desconocemos.

Este fenómeno plantea desafíos inéditos para las democracias. La libertad ya no depende solamente de la ausencia de censura o de la existencia de elecciones libres. También exige transparencia en el funcionamiento de los sistemas digitales, protección efectiva de los datos personales, pluralidad informativa y ciudadanos capaces de desarrollar un pensamiento crítico frente a los contenidos que reciben diariamente.

Por eso, el debate no puede quedar reducido a especialistas o empresas tecnológicas. Es una conversación que involucra a toda la sociedad. Cada ciudadano debería preguntarse quién administra sus datos, cómo se construyen las noticias que consume, por qué determinados contenidos se vuelven virales mientras otros permanecen invisibles, y de qué manera las nuevas tecnologías están modificando la forma en que aprendemos, trabajamos, nos relacionamos y participamos de la vida democrática.

En este escenario, la política recupera una responsabilidad insustituible. No para frenar el progreso ni para ejercer un control arbitrario sobre la innovación, sino para establecer reglas claras que protejan los derechos de las personas y orienten el desarrollo tecnológico hacia el bien común.

La historia demuestra que cada gran revolución tecnológica obligó a crear nuevas instituciones y nuevos marcos jurídicos. La Revolución Industrial dio origen al derecho laboral; el desarrollo de la energía nuclear impulsó tratados internacionales destinados a limitar sus riesgos. La revolución digital y la inteligencia artificial también exigen una respuesta institucional capaz de estar a la altura de los desafíos que plantean.

No se trata de elegir entre innovación o regulación. Esa es una falsa dicotomía. El verdadero desafío consiste en construir instituciones democráticas capaces de promover el desarrollo científico y tecnológico sin renunciar a los valores que sostienen nuestra convivencia.

La ciencia, la economía y la tecnología son algunas de las creaciones más extraordinarias del ser humano. Precisamente por ello, nunca deberían convertirse en fines en sí mismos. Su razón de ser consiste en mejorar la vida de las personas, ampliar sus libertades y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

Tal vez esa sea la gran tarea política de nuestro tiempo. No se trata únicamente de regular nuevas tecnologías, sino de recuperar la capacidad de las sociedades para decidir democráticamente el rumbo de su propio desarrollo. En un cambio de era como el que estamos atravesando, la verdadera disputa no es entre innovación y tradición, ni entre Estado y mercado. La cuestión de fondo es quién define las reglas, quién fija las prioridades y al servicio de quién se orientan el conocimiento, la economía y la tecnología.

La historia demuestra que las grandes transformaciones nunca fueron gobernadas por la inercia de los acontecimientos. Fueron el resultado de decisiones políticas, de acuerdos sociales y de instituciones capaces de interpretar las demandas de su tiempo. Hoy enfrentamos un desafío de magnitud semejante. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la biotecnología, la robotización, la economía de los datos y las plataformas digitales están redefiniendo la producción, el trabajo, la cultura, las relaciones sociales e incluso el ejercicio mismo del poder. Pretender que semejante transformación pueda desarrollarse sin reglas, sin participaciónciudadana y sin una orientación ética sería renunciar a una de las funciones esenciales de la política.

No se trata de temer al futuro, sino de asumir la responsabilidad de construirlo. Ello exige Estados capaces de planificar y regular, instituciones internacionales que cooperen frente a desafíos globales, dirigencias que vuelvan a pensar estratégicamente y una ciudadanía consciente de que la libertad también se defiende comprendiendo el mundo digital en el que vive. Porque, en definitiva, ninguna sociedad puede delegar su destino en el mercado, en un algoritmo o en una tecnología, después de varias décadas en las que se nos dijo que el mercado resolvía todo y ahora se nos insinúa que los algoritmos resolverán todo, el gran desafío del siglo XXI consiste en volver a afirmar que las decisiones fundamentales sobre el destino de una comunidad deben seguir siendo decisiones políticas, democráticas y humanas.

El progreso sólo será verdaderamente humano si continúa siendo una obra de la inteligencia, de la responsabilidad y de la voluntad colectiva de los pueblos.

«La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse.»

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.